Valencia, 12 de marzo de 2008. Tras aprobar desde 1990 más de medio centenar de confusas directivas y con un retraso de casi dos años sobre el último calendario previsto, Bruselas publicó el pasado 1 de marzo el ansiado reglamento con el que los Veinticinco armonizan sus respectivas regulaciones nacionales sobre límites máximos de residuos (LMR, los restos de fitosanitarios aceptados en los frutos), que entrará en vigor en septiembre. AVA-ASAJA denuncia que, paradójicamente, el nuevo listado de LMR’s se extiende a algunas materias activas muy eficaces en la lucha contra determinadas plagas cuyo uso fue prohibido años atrás para los agricultores europeos. Para su presidente, Cristóbal Aguado, este hecho servirá para dar “cobertura jurídica” a las importaciones hortofrutícolas que violan las normas europeas y consolidar así otro factor más de competencia desleal, el fitosanitario”.
Así, entre los residuos máximos que el ejecutivo comunitario ha armonizado se encuentran insecticidas con marcas tan populares entre los citricultures como el ‘Lebaicid’ (cuya materia activa es el Fentión) o el ‘Ultracid’ (Metidatión). Si el primero demostró durante lustros su eficacia en la lucha contra la ‘mosca del Mediterráneo’ (ceratitis capitata), el segundo lo hizo contra todo tipo de cochinillas. Su éxito comercial y fitosanitario no impidió que años atrás, Bruselas ordenase retirar del mercado sendas sustancias por motivos medioambientales. “Ahora disponemos de insecticidas más caros y menos eficientes. Aceptamos los cambios, pero lo que no podemos asumir es que lo que fue bueno para los europeos no se quiera aplicar ahora para la fruta importada de países terceros, que además ya compite con costes más bajos y menores garantías de seguridad alimentaria”, denuncia Aguado.
AVA-ASAJA valora en todo lo demás la nueva regulación pues, sobre el papel, elimina los obstáculos que la aplicación de las distintas normativas nacionales e incluso privadas suponían para la exportación hortofrutícola. Y es que, durante este tiempo se podría dar el caso de que, cumpliendo con la legislación española, se produjeran rechazos en algún destino europeo por violar una normativa local que, sin justificación científica alguna, resultaba más restrictiva. Este creciente problema afecta tanto al operador comercial como al propio agricultor, que debe aplicar los tratamientos adecuados no sólo para la plaga o enfermedad que tenga que combatir, sino según la regulación del lugar donde vaya a ser expedida después su cosecha.
En idéntico sentido, algunas grandes cadenas de supermercados han venido usando esta cuestión como barrera comercial de facto, creando normativas de residuos propias de imposible cumplimiento. “Si quieren producto ecológico que lo paguen como tal, pero si no es así no pueden ‘inventarse’ reglamentos como baza con la que presionar los precios a la baja”, denuncia Aguado. AVA-ASAJA reclamará a la CE por tanto que obligue a estas cadenas a que se ciñan al nuevo reglamento europeo e instará al Gobierno español a que presione a Bruselas para que lo rectifique y garantice la reciprocidad en la regulación fitosanitaria para la fruta europea y la no comunitaria.
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