La Unión Europea planea establecer limitaciones a la importación o producción de biocarburantes que no garanticen que su producción supone un energético positivo y en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero o que supongan un grave daño medioambiental, como deforestación o destrucción de ecosistemas.

Estas condiciones deberán figurar en una modificación de las actuales directivas comunitarias sobre energías alternativas o sobre calidad de los carburantes. De esta forma, los biocarburantes deberán contar con un certificado medioambiental como condición imprescindible para poder beneficiarse de las rebajas fiscales y para poder contabilizarse a efectos de cumplir con la obligación de biocarburantes en los combustibles que existan en los Estados Miembros.

Con esta medida, las autoridades comunitarias pretenden asegurar que las medidas de fomento de biocarburantes cumplen con su objetivo medioambiental, saliendo al paso de las recientes críticas a los mismos en el sentido de que en algunos casos pueden suponer más un daño medioambiental que un beneficio.

Aunque están por definir los criterios y parámetros de aplicación de estos certificados medioambientales en la práctica parece que esta medida podría especialmente perjudicar a productos como el biodiesel de aceite de palma de Asia o el bioetanol de caña de azúcar de Brasil, que son precisamente los más competitivos.

Algunos países de la UE que aplican incorporación obligatoria de biocarburantes, como Reino Unido, Holanda o Alemania ya han desarrollado estos certificados medioambientales, con independencia del desarrollo de la directiva comunitaria.