La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha lamentado que uno de los ejes de la comunicación de la Comisión Europea sobre la revisión médica de la última reforma de la PAC sea el recorte de las ayudas a los agricultores y ha pedido una apuesta decidida por construir una nueva PAC capaz de responder a los desafíos de después de 2013.
La Organización Agraria ha rechazado la propuesta de la Comisión de introducir una modulación obligatoria adicional a la existente hasta llegar al 13 por ciento en 2013 por considerar que esta medida supone una descapitalización del campo ya que tampoco se traduce en acciones complementarias que redunden en beneficio de la agricultura, como así ha quedado demostrado con las anteriores modulaciones.
ASAJA de Castilla-La Mancha se ha referido, de esta manera, al recorte del 5 por ciento de las subvenciones que ya se aplica en estos momentos, en el ámbito comunitario, así como, a la modulación de las ayudas agrarias aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2003 con el objetivo de “dar un cambio en el modelo de gestión de las ayudas de la Política Agraria Común” y que actualmente se encuentran retenidas.
La Organización Agraria se pregunta cuál ha sido el destino de esos fondos y qué medidas en el campo distintas o complementarias a la agricultura se han aprobado con objeto de mejorar las condiciones de vida de los agricultores y ganaderos.
En cuanto a la posibilidad de recortar aún más las ayudas agrarias en el caso de quienes reciben por encima de 100.000 euros anuales, ASAJA de Castilla-La Mancha ha manifestado que esta propuesta apenas tendría repercusión en nuestra región ya que de los 111.581 perceptores de ayudas de pago único en 2006 tan solo 109 cobran primas que superen esa cantidad, lo que apenas representa un 0,09 por ciento.
No obstante, la Organización ha lamentado la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha que “por ir en contra de unos pocos ha aplaudido una propuesta que perjudica a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos que están muy por debajo de esos límites y que van a sufrir un recorte del 13 por ciento en sus ayudas”.
Es por ello que la organización ha pedido al Gobierno regional que planteé alguna propuesta alternativa para evitar este atropello a la inmensa mayoría de los productores, poniéndose a su total disposición para colaborar en este sentido.
La Organización puntualiza que el problema real no va a ser para los 109 perceptores (en su mayoría empresas) que cobran más de 100.000 euros, ya que estos pueden resolverlo ahorrando costes de producción y mano de obra, lo que a su vez iría en detrimento de la economía castellano-manchega.
En este sentido, también ha criticado a los que defienden la modulación a la vez que abogan por el desarrollo de explotaciones competitivas sin considerar que cualquier modulación supone un recorte presupuestario a las ayudas que reciben los agricultores para compensar la pérdida de renta.
ASAJA de Castilla-La Mancha ha reprochado la comunicación de la Comisión Europea porque en vez de reforzar el papel estratégico de la agricultura europea opta por mantener su política de progresivo desmantelamiento de los mecanismos de regulación, abandonando la lucha por obtener fondos adicionales para acometer nuevas medidas y limitándose a proponer nuevos recortes en las rentas de los agricultores.
Por otra parte, la Comisaria retoma propuestas ya rechazadas con anterioridad respecto a límites de ayudas según el tamaño de las explotaciones, basadas más en criterios populistas y presiones presupuestarias que en consideraciones de envergadura tales como el empleo, la generación de riqueza, dentro y fuera de la explotación, o la protección del medioambiente.
Por último, la Comisaria se limita a avanzar medidas como la del desacoplamiento total, que ASAJA ha venido demandando durante años, la supresión de la retirada obligatoria o la eliminación de la intervención para los cereales, entre otras.
En opinión de ASAJA de Castilla-La Mancha, la Comisión europea debería abogar por una auténtica renovación de la política agraria comunitaria que permita afrontar con éxito las tendencias actuales en cuanto a la creciente demanda de alimentación de productos básicos por parte de países emergentes, estabilización de los mercados, equilibrio territorial, además de resaltar el papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático, entre otras.
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