La Conferencia sobre Clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Viena del 27 al 31 de Agosto-07, ha dejado patente enormes carencias por incumplimiento más que previsible y generalizado por parte de los países de las obligaciones y recomendaciones del Protocolo de Kyoto (PK) para el periodo 2008-2012.

Sin embargo se han podido rescatar “in extremis” acuerdos que en Bali (Indonesia), del 3 al 14 de Diciembre-07, van a ser el punto de partida para la elaboración de un Kyoto II (2012-2020) , que corrija los excesos y desidias de la mayoría de los Estados a la hora de cumplir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que están llevando al planeta a un calentamiento incontrolado con graves consecuencias para la humanidad y actividades económicas como la agraria, dependientes por naturaleza del comportamiento climático.

La UE ha propuesto en Viena, con intención de que su exigencia se haga extensiva a todos los países industrializados, que para el 2020 la reducción de GEI sea entre el 25% y 40% respecto a 1.990 (calentamiento máximo de 2º a 2,4º). Si consideramos que la obligación del PK vigente, exige hasta el 2012 una reducción del 5% (y no se cumple), significa que la situación planetaria de indisciplina y dejadez puede abocarnos a una auténtica catástrofe.

Hay que considerar que Estados Unidos y Australia siguen sin ratificar el PK y que la India y China que acaba en el 2006 de proclamarse el país más contaminante del mundo, arrebatando a EEUU el poco recomendable título, no siguen en absoluto recomendación alguna.

Se prevé que el nivel histórico de contaminación será dentro de 10 a 15 años y que a mediados de siglo habrá que reducir drásticamente las emisiones a la mitad de los valores de 2000.

El valor crematístico de estos objetivos se resumen en las siguientes cifras: Para España el cumplimiento de Kyoto (2012) o su canje por la multa correspondiente supondrá de 2000 a 3000 millones de €. Para el conjunto de países hasta el 2030, 150.000 millones de €, o lo que es lo mismo el 0,3%-0,5% de su PIB (Producto Interior Bruto).

Está claro que las emisiones deben reducirse drásticamente para lo cual hay que sustituir los combustibles fósiles, que por otra parte siguen su escalada de precios prohibitivos (barril Brent a 76$) por energías renovables, para la consecución de metas como la propuesta por la UE de que en 2020 el 20% del total de la energía consumida, lo ha de ser de fuentes renovables. En lo que respecta a los carburantes para el transporte, en esa fecha, el 10% debería ser biodiesel y bioetanol.

Desde la Asociación General de Productores de Maíz de España (AGPME) seguimos desde cerca las convocatorias y conclusiones que emanan de los foros internacionales referidos al PK porque en su día se establecieron herramientas para su cumplimiento que en un futuro, esa es nuestra intención, deben concernir al sector agrario.

Se trata del mercado de derechos de emisión de CO2 a través de los Certificados de Emisión Reducida (CER) y Mecanismos de Desarrollo Limpios (MDL).

El sector agrario proveedor tradicional de comida, única fuente de ingresos para los agricultores, ha visto emerger últimamente un segundo mercado como fuente de energías renovables: bioamasa, biocarburantes, etc……

A juicio del Presidente del AGPME, Agustín Mariné, con el cambio climático aparece una tercera vía económica para la actividad agraria en base a la eficiencia de algunas cosechas para la fijación del CO2. Es el caso del maíz capaz de eliminar de la atmósfera 42 Tm/Ha cuando un bosque de hayas fija 19 Tm/Ha. y si es de pinar 6 Tm/Ha.

El Plan Nacional de Asignación (PNA) ha dado a cada industria el techo de emisión de gases invernadero .Las industria que exceda su asignación paga una multa o puede comprar derechos que neutralicen el sobrepasamiento, en el mercado del carbono que es de ámbito mundial.

Justamente ahí está la reivindicación del AGPME. Los agricultores eficientes que siguieran buenas prácticas e hicieran cosechas sostenibles deberían, a juicio del Sr. Mariné, recibir un “premio”, es decir la posibilidad de vender CERs en el mercado (1 CER equivale a 1Tm de CO2 eliminada de la atmósfera), lo que posibilitaría el desarrollo industrial y su compatibilidad con el cumplimiento del PK.

Si la limitación de emisión de GEI supone una recesión en el desarrollo económico con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida, parece evidente que las medidas coercitivas no surgen efecto en la sociedad. Es más inteligente premiar al que es capaz de limpiar la atmósfera y fijar el CO2, que limitar la actividad económica y cerrar industrias.

En Bali se determinarán las reglas de juego para el periodo 2012-2020, el campo debería estar presente y dejarse oír.

La actividad agraria históricamente desdeñada y marginada ha tenido que entrar el siglo XXI para que algunos descubran que sin agricultura no hay alimentos, ni energías sostenibles, ni posibilidad de mantener una atmósfera respirable compatibilizando la vida saludable y el desarrollo económico sin provocar el caos climático y desastres ecológicos irreversibles. ¡Ver para creer!