Toledo, 10 de agosto de 2007. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha se ha dirigido por escrito al delegado del Gobierno, Máximo Díaz Cano, solicitándole que, al margen de las actuaciones de control que se están desarrollando actualmente, se adopten otras medidas urgentes que acaben con la sensación de inseguridad y desprotección de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos como consecuencia de la reiteración de robos y atracos que están ocurriendo en el campo de nuestra región.
ASAJA de Castilla-La Mancha ha demandado no sólo el aumento de los recursos humanos y económicos de las fuerzas de seguridad y orden público sino una revisión del Código Penal con el fin de que se endurezcan las sanciones para los delincuentes porque la impresión que se percibe actualmente es que gozan de una total impunidad.
La Organización Agraria ha asegurado que los agricultores y ganaderos viven una sensación de auténtica desprotección, ya que los hechos delictivos van más allá de los robos en instalaciones de riego, cosechas, granjas, colmenas, suministros, etc. sino que afectan a su propia integridad física y moral al producirse incluso atracos con amenazas y, sobre todo, no saber qué se van a encontrar cuando lleguen a su explotación al día siguiente, ya que la mayoría de estas actuaciones se producen por la noche.
ASAJA de Castilla-La Mancha ha manifestado que los robos están ocasionando daños económicos colaterales porque los delincuentes no sólo fuerzan o quebrantan las puertas y ventanas de los pozos y casetas de riego sino que destrozan lo que encuentran a su paso para sustraer cualquier material que contenga cobre para venderlo en el mercado. Además, durante el tiempo de reparación de los desperfectos, los agricultores se ven privados del agua de riego habitual.
Además de los robos en instalaciones de riego, también se están produciendo robos en cosechas, principalmente, de productos hortícolas, en ganaderías (corderos y cerdos), y colmenas.
La Organización Agraria ha mostrado su total disposición a colaborar con la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a fin de que se pongan en marcha las medidas necesarias para que los agricultores y ganaderos puedan acudir a sus explotaciones con total normalidad.
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