4 de julio de 2007.- La Unió rechaza la propuesta de la Comisión Europea de reforma de la OCM del Vino, presentada, porque opta por la total liberalización del sector al establecer una fecha límite a la prohibición de nuevas plantaciones -2014- y olvida la renta del viticultor como principal objetivo de la reforma.

La reforma de la OCM del vino, siguiendo las directrices de la recientemente aprobada OCM de frutas y hortalizas, beneficia claramente a las grandes explotaciones e inversores de fuera del sector porque liberaliza las superficies a partir del año 2014 y deja plantar viñas a todo aquél que quiera y se lo pueda permitir, y a la industria y a los comerciantes porque se le concede un excesivo protagonismo en la reforma.

La Unió señala que el productor en la parte contraria ve amenazada su existencia porque además de liberalizar las plantaciones de viña son eliminadas, drásticamente y sin ningún periodo transitorio, todas las medidas de regulación del mercado del vino en su conjunto (ayudas a la destilación). A juicio de La Unió esto debería realizarse de forma paulatina durante los primeros años de funcionamiento de la nueva OCM y ser sustituidas por verdaderas medidas que ayuden a la renta del productor. En principio estas medidas podrían entrar dentro del “sobre nacional” que le corresponda al Estado español, pero todo entra en el juego ya de posibles negociaciones posteriores entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Desde La Unió se aboga a partir de ahora por lograr un consenso de todo el sector vitivinícola valenciano, con la mediación de la Conselleria de Agricultura, para trasladar una posición única de cara a las negociaciones a mantener en el ámbito estatal. Joan Brusca, secretario general de La Unió-COAG, señala que “teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector vitivinícola en la Comunitat Valenciana, tanto social como económica y medioambiental, apostamos por la creación de un frente común, del que formen parte todos los agentes implicados en el sector (Organizaciones Agrarias, Cooperativas, elaboradores, denominaciones de origen,…) y las instituciones autonómicas que tengan relación directa o indirecta con el sector vitivinícola, en particular, y con el sector agrario y el medio rural, en general”.

La Unió estaría a favor del arranque del viñedo propuesto por la Comisión Europea siempre y cuando fuera condicionado y no “café para todos”. Con la propuesta de reforma de hoy, La Unió estima que se arrancarían de forma voluntaria un total de 6.150 hectáreas en la Comunitat Valenciana a partir del año 2009, aproximadamente un poco más del 5 por ciento de la superficie actual de viñedo valenciana.

La Unió también está en contra de la transferencia progresiva, hasta llegar al 30 por ciento en 2014, del presupuesto de la OCM que se destinaba directamente a los operadores del sector y que ahora irá dirigido a medidas de desarrollo rural para zonas vitícolas. En este sentido las medidas del Programa de Desarrollo Rural son cofinanciadas y dependerá de la voluntad del Gobierno central y de los autonómicos para aprovecharse de estos fondos.