Resulta asombroso e indignante leer, el pasado 26 de junio, una nota emitida por la Junta sobre sus méritos en la realización de cursos de formación agraria cacareando engañosamente que “han resuelto y concedido”, “en su esfuerzo por modernizar y potenciar el sector”, una subvención de 2 millones de euros para un total de 620 cursos. Unas afirmaciones, totalmente inciertas, que no hacen honor a la verdad.

En primer lugar, la Junta no sólo no ha resuelto sino que ha dejado transcurrir un tiempo precioso para publicar las resoluciones formativas referentes al 2007. Unos requisitos que deberían haberse conocido en diciembre de 2006 o enero de 2007, para organizar el plan formativo anual, y han salido publicados en mayo de 2007 con un margen de maniobra insuficiente y ridículo para impartir clases hasta el mes de octubre, cuando precisamente ésta es la peor temporada posible para los profesionales del campo que ahora están volcados en las labores de recolección.

No contentos con este retraso y sabedores de que los cursos, en la práctica, generalmente se imparten entre los meses de enero y mayo, la dirección de Modernización Agraria dificulta aún más la labor formativa de las OPAs solicitando a estas alturas datos de los alumnos que ni siquiera figuran entre los requisitos exigidos. Si en la norma tan sólo se habla de que la condición de ocupados debe ser acreditada al inicio del curso, ahora la Administración pretende que se localice a los cerca de 400 alumnos con los que ha contado ASAJA Salamanca a lo largo de los últimos meses para solicitarles su vida laboral ¿Quién encuentra ahora a todas esas personas en plena época de rendimiento en el campo?

Asimismo, a los desocupados, es decir, a las mujeres del campo que, en muchos casos, ayudan a sus maridos en la explotación no se les ha dado ni siquiera opción de la formación. Resulta irrisorio, pues, que la consejería de Agricultura mencione, en este sentido, “su esfuerzo por incrementar la formación de las mujeres del medio rural y la fijación de la población” cuando está haciendo todo lo contrario, es decir, incitar al abandono por el temor de las potenciales alumnas a enfrentarse a una carrera de obstáculos burocráticos por la simple pretensión de optar a un curso agrario.

Por último, esa concesión de 2 millones de euros de presupuesto público al que se alude es todavía una promesa ya que son las OPAs las que hacen realmente el esfuerzo económico al adelantar toda la demanda formativa, corriendo con todos los gastos que ello conlleva y cuando ni siquiera se tiene la certeza de que se vayan a dar por válidos, burocráticamente hablando, todos los cursos impartidos. De continuar esto así, ASAJA SALAMANCA considera el que el dinero público no tiene ningún valor si lo que se pretende es hacer la vida imposible a las organizaciones agrarias cuando, paradójicamente, se está liberando al funcionariado de la ardua labor de la formación. Un claro ejemplo del gran esfuerzo que supone dicho departamento se puede encontrar en el propio seno de la Administración territorial donde ni siquiera la escuela de capacitación agraria de Salamanca ha sido capaz de llevar a la práctica curso alguno ante la enorme complejidad burocrática generada por sus propios compañeros.

ASAJA SALAMANCA critica así un fin de curso para el sector agrario que cada día se le pone más difícil a las OPAs con trámites innecesarios que sirven para desmotivar el fomento de la labor formativa en el campo. ASAJA exige, pues, que se busquen soluciones para acabar con esta carrera de obstáculos que sólo pueden solucionar desde la Administración regional.