Tal y como apuntó ayer Josep Puxeu, Secretario General de Agricultura, durante su intervención en el Senado, el Ministerio de Agricultura apoyaría un periodo transitorio de adaptación para evitar los graves trastornos que supondría la desaparición de las medidas de gestión del mercado que contempla la actual OCM. El presupuesto, según Puxeu, se convertiría en una ayuda por superficie condicionada a un contrato con la industria transformadora y se transformarían en derechos de pago único al final del periodo transitorio.

En opinión de Alejandro García-Gasco, responsable de Vino de la Comisión Ejecutiva de COAG, “la nueva OCM debe dar la oportunidad de posicionarse en los mercados a todos aquellos viticultores que con producciones de calidad aún no lo han conseguido, para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, sin que ello dependa de la voluntad de la industria”.

Madrid, 29 de mayo ’07. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, rechaza que en la nueva OCM vitivinícola las ayudas a la producción se conviertan en ayudas por superficie condicionadas a un contrato con la industria transformadora.

Josep Puxeu, Secretario General de Agricultura, afirmó ayer, durante su intervención en el Senado, que el Ministerio de Agricultura apoyaría un periodo transitorio de adaptación para evitar los graves trastornos que supondría la desaparición de las medidas de gestión del mercado que contempla la actual OCM. En este hipotético escenario, el presupuesto se convertiría en una ayuda por superficie condicionada a un contrato con la industria transformadora y se transformarían en derechos de pago único al final del periodo transitorio.

COAG estima necesario el mantenimiento de un periodo transitorio antes de la eliminación de las medidas de mercado (ayudas a las destilación de subproductos y alcohol para uso de boca, ayudas a la utilización de mostos y almacenamiento privado de vino y mosto) en el que se modifique la forma de aplicación de los actuales mecanismos de mercado para mejorar la eficiencia del gasto público y que éste repercuta positivamente en la renta del viticultor profesional. Todo ello sin que exista la obligatoriedad de suscribir contratos con la industria vitivinícola ya que esta situación originaría discrecionalidad en el reparto de las ayudas; aquellos productores que no pudieran llegar a un acuerdo con la industria quedarían fuera del sistema de ayudas.

Además, si en un futuro se integra el sector vitivinícola en el Régimen de Pago Único, circunstancia que COAG rechaza, con el sistema que propone el Ministerio se consolidaría la penalización a estos viticultores que ahora no pueden acceder a las ayudas.

En cuanto al arranque, COAG ve positivo una reducción del presupuesto destinado a esta medida siempre y cuando el presupuesto liberado se destine a otras medidas positivas sobre la renta del productor sin que pase por transferencias a Desarrollo Rural. Además deben establecerse criterios de profesionalización en los viticultores profesionales que accedan a esta medida.

En opinión de Alejandro García-Gasco, responsable de vino de la C. Ejecutiva de COAG, “la nueva OCM debe dar la oportunidad de posicionarse en los mercados a todos aquellos viticultores que con producciones de calidad, aún no lo han conseguido, para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones sin que ello dependa de la voluntad de la industria. Debemos estudiar un nuevo sistema de aplicación de las medidas de gestión de mercado durante un periodo transitorio que nos permita adaptarnos a las condiciones de mercado de una forma menos brusca”.