Valencia, 7 de mayo de 2007. Las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas de la Unión Europea coinciden en exigir una legislación comunitaria que impida los abusos a lo largo de la cadena agroalimentaria y que restablezca el equilibrio entre sus distintos agentes.
El técnico de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Juan Manuel Peiró participó, en representación de ASAJA Nacional, en el Seminario “Restablecer el equilibrio en la cadena alimentaria”, celebrado en Bruselas los pasados días 3 y 4 de mayo por parte del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias y de la Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COGECA).
COPA-COGECA ha aprobado recientemente un Plan de Acción que se presentará en breve ante la Comisión Europea y que prevé crear un Comité Consultivo para oficializar el diálogo con la CE. Con todo, el objetivo final sería la constitución de una Agencia Europea del Comercio Alimentario, organismo dependiente de la CE que asesore sobre diversas cuestiones de la cadena con el objetivo de contribuir a la protección y comprensión a través de todo el proceso de comercialización.
Juan Manuel Peiró aseguró que ”la cadena agroalimentaria está superestructurada en la distribución y muy desorganizada en el nivel de la producción”. En todos los países europeos existe un “oligopsonio”: muchos vendedores y pocos compradores que controlan el precio de los productos agroalimentarios comercializados”.
Peiró destacó que el sector productor europeo considera que el marco jurídico y regulatorio “es insuficiente y hay que desarrollar una legislación para aminorar los abusos de los más fuertes de la cadena”. El técnico de AVA-ASAJA matizó que las autoridades de la Dirección General de la Competencia “se muestran más preocupadas por que no se abuse de los consumidores, olvidando los abusos que se producen sobre los productores”.
“Hay países como Francia donde se legislan reglas de juego”, indicó Peiró, “pero no se están dando los resultados que deberían porque los gobiernos nacionales no arbitran para evitar que el fuerte abuse del débil”. Por ello, Peiró apuesta por “comunicar los desequilibrios de la cadena y propiciar un marco jurídico favorable que permita que se alcancen acuerdos de colaboración tutelados por la Administración que beneficien a todas las partes”.
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