Ya se conoce el contenido del informe-dictamen de la Comisión sobre representatividad e interlocución de la agricultura española, que el Ministerio de Agricultura encargó a un grupo de expertos a raíz de la ley 18/2005 por la que se derogó la 23/1986 de Cámaras Agrarias.
Este documento da una serie de pistas para solucionar el problema de la representatividad de los agricultores en España, una cuestión compleja y aplazada durante muchos años a la que no se ha sabido dar una solución satisfactoria y coherente hasta ahora.
Las recomendaciones finales incluyen:
– Elaborar una Ley que sustituya a la recién derogada Ley de Cámaras Agrarias, y en la que se defina la naturaleza jurídica de las organizaciones profesionales agrarias y se regulen sus funciones en el ámbito de la defensa y representación de intereses generales en la agricultura, así como en todo lo relacionado con la interlocución con los poderes públicos.
– Promover desde el MAPA un acuerdo entre las tres organizaciones profesionales hoy mayoritarias (ASAJA, COAG y UPA) para fijar la representatividad a través de elecciones (a celebrar cada seis u ocho años en cada Comunidad Autónoma) basadas en un claro y fiable censo electoral.
– En caso de que no pueda alcanzarse el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, y, consecuentemente, se reproduzca el actual escenario -con elecciones a Cámaras Agrarias en unas Comunidades Autónomas, pero no en otras-, se recomienda al MAPA que al menos estudie la posibilidad de convocar un específico proceso electoral a nivel estata, elaborando un nuevo censo de electores que refleje adecuadamente la diversidad de la población agraria y la heterogénea estructura social de la agricultura española.
– Si la opción anterior no fuera considerada viable por el MAPA y se renunciara definitivamente a la vía electoral :como sistema para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias a nivel estatal, se recomienda utilizar una combinación de criterios objetivos.
– Crear un Comité General de la Producción Agraria presidido por el Secretario General de Agricultura del MAPA y formado por las organizaciones profesionales agrarias de vocación general más representativas.
– Crear un Consejo Agroalimentario para debatir las grandes orientaciones de la política agraria y alimentaria desde una perspectiva integral y con una visión amplia de las interrelaciones que se producen dentro del sector agroalimentario y de sus múltiples dimensiones económicas, políticas y socioculturales.
– Establecer un sistema de financiación de las organizaciones profesionales agrarias, basado en el nivel de representatividad de cada organización, según los criterios objetivos antes mencionados.
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