Trescientos viticultores vallisoletanos de las Denominaciones de Origen Rueda, Cigales y Ribera del Duero asistirán a la manifestación multitudinaria convocada por ASAJA en Madrid a nivel nacional el próximo sábado, que recorrerá el centro de la capital desde la Plaza de la Independencia hasta el Ministerio de Agricultura a partir de las 11:00 de la mañana.
Los viticultores de la provincia solicitan ayudas directas de Bruselas tanto para quienes decidan abandonar el cultivo ante la nueva Organización Común del Mercado del vino, como para quienes necesiten soportar económicamente la reestructuración de sus explotaciones para afrontar el reto de la competitividad de los vinos del “Nuevo Mundo”.
Desde ASAJA Valladolid se respalda esta reivindicación, que se traduce concretamente en el pago de 400 euros por hectárea como subvención directa desde la Unión Europea a cada agricultor, sin más condicionantes que la propia ecocondicionalidad, sin intermediarios, y sin que el pago se realice a través del Ministerio, en cuyos despachos, entiende la organización, se pretende decidir a qué Comunidades Autónomas destinarla, lo que habitualmente se traduce en pérdida de fondos.
El MAPA, en línea con sus ideas de “desacoplamientos parciales” forzados en otros sectores, pretende supeditar las ayudas al agricultor que la Comisión Europea establezca, a la firma de contratos con las Alcoholeras, situación que, de llevarse a cabo, no puede dejar en peor posición al agricultor, puesto que para acceder a la ayuda por hectárea se vería obligado a vender un porcentaje de su producción obligatoriamente a estas industrias, que impondrían sus condiciones.
Según las últimas noticias, el programa de arranque propuesto por la Comisión en la OCM del vino se reduciría de las 400.000 hectáreas iniciales a un programa más restringido (200.000 hectáreas), con limitaciones como jubilaciones, arranque que no exceda del 5% de la superficie de la región o comarca, etc.
Junto al sector de la viña, defenderán planteamientos similares en la manifestación de Madrid los agricultores de los sectores de frutas y hortalizas de otras regiones de España, para evitar que la industria cautive a los productores a través de los mismos contratos y períodos transitorios que el Ministerio pretende poner en marcha.
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