21 de marzo de 2007. Los representantes de la Plataforma Vitivinícola han manifestado sentirse decepcionados tras aprobarse en el parlamento regional la reciente modificación del artículo 26 de la Ley del vino y la viña, más conocido como fondo de promoción vitivinícola de la Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos.

El nuevo texto, pese a que obliga a contribuir a los embotelladores, no reduce la cuota que en la actualidad abonan cooperativas y bodegas, sino que la deja tal y como está, con el agravante de que la nueva ley se ha convertido en un impuesto reclamable por la vía de apremio en el que las bodegas tendrán que pagar tanto por la transformación de uva en vino como por el vino que embotellen.

Se truncan así las reivindicaciones de la manifestación del pasado 10 de junio en el que varios miles de viticultores se manifestaron en Toledo para reclamar un fondo de promoción vitivinícola más justo en el que al menos la participación de los embotelladores redujese la cuota que hoy abonan las cooperativas vinícolas y bodegas regionales.

El presidente de la Plataforma Vitivinícola, Francisco Daniel Picó ha afirmado que “la aportación de los embotelladores será un extra que aumentará los fondos para promocionar el vino regional, pero los viticultores, quejosos porque los actuales precios apenas cubren los costes de producción, sólo vamos a ver el incremento de un impuesto puro y duro en medio del peor panorama económico que se recuerda dentro de la actividad vitivinícola”.

En términos semejantes se ha expresado el secretario y abogado de la Plataforma, Pascasio Martínez. “Han hecho oídos sordos de nuestras protestas y, una vez más, contra viento y marea, la maquinaria de la Junta de Comunidades sigue aplastando a los más débiles, incapaz de sensibilizarse ante la falta de rentabilidad de los viticultores”.

“No sabemos si la Junta de Comunidades pretende ignorar el problema de los viticultores y huir hacia delante o, por el contrario, lo único que interesa es recaudar, pero ambas posturas, socialmente, para los centenares de pueblos que viven del vino en nuestra región, son igual de perniciosas”, asegura Francisco Daniel Picó.

El nuevo texto, aprobado recientemente por el PSOE en el parlamento regional con los votos en contra del PP, quien pidió que el fondo de promoción vitivinícola fuese abonado en su totalidad por la Administración, establece una cuota para los embotelladores que superaría en un 50% la que hoy pagan las cooperativas o empresas transformadoras de uva en vino y que afectaría también a estas en proporción a la cantidad de vino que embotellen.

Desde la Plataforma Vitivinícola se ha analizado la ley con detalle y se ha manifestado que la Junta tiene un interés recaudatorio especial con el fin de que ni bodegas ni embotelladores se escapen a la hora de realizar sus aportaciones a la Fundación Castilla-La Mancha, ya que el impuesto es reclamable por la vía de apremio y “aquellos operadores que incumplan su obligación contribuir al Fondo de Promoción vitivinícola pueden ser excluidos de determinadas ayudas financiadas, en todo o en parte, con fondos propios de la Junta de Comunidades de CLM”.

El impuesto, que grava tanto el proceso de transformación de uva en vino como el del embotellado, para la Plataforma es una “entelequia”, ya que en realidad se está gravando al vino con un impuesto y esto entra en clara contradicción con la normativa europea que expresa que el vino no se puede gravar con ningún tipo de impuesto.

En concreto la modificación del Art. 26 llevada a cabo por la Junta de Comunidades, según Pascasio Martínez ha creado un Art, 26 bis, para que en el proceso de transformación de uva en vino, ya sea de mesa, o con indicación geográfica, o Vcprd, que tengan como destino su comercialización como productos envasados o embotellados, las aportaciones correspondientes se incrementan en un 50 por ciento, recayendo este gravamen, sobre las entidades físicas o jurídicas, entre las que se encuentran las cooperativas, que efectúen o hagan efectuar por su cuenta el envasado u embotellado, o sobre la propia bodega transformadora, cuando el envasado o embotellado, se lleve a cabo fuera de Castilla- La Mancha.

“Las ayudas más ridículas del mundo”

El presidente de la Plataforma Vitivinícola, Francisco Daniel Picó González, se muestra contundente a la hora de valorar la nueva ley: “el vino no necesita ningún impuesto. Cooperativas, bodegas y viticultores estamos en el límite, nuestra rentabilidad es prácticamente nula y aplicar ahora un impuesto va a ser la gota que colma el vaso y , por supuesto, confirma que la Administración regional, pese a que tanto habla de que el sector del vino es estratégico y de la enorme importancia que supone para Castilla-La Mancha, a la hora de la verdad, no quiere ver la realidad y ofrece un apoyo con cuentagotas”.

Francisco Daniel Picó ha recordado que desde la Junta de Comunidades se han realizado campañas tan importantes como la del cuarto centenario del Quijote, con un presupuesto muy elevado, que ha beneficiado a la hostelería, el comercio y el turismo, pero, en cambio, cuando se trata de los viticultores se actúa con cicatería, se les margina, se ofrece una limosna y, sobre todo, se les obliga a que paguen de su bolsillo la promoción del vino regional cuando carecen de beneficios.

“¿Es esta la defensa del vino que cabe esperar del gobierno regional?. En otras comunidades hay un apoyo mucho más firme y generoso, con cientos de millones de euros, con distintas líneas de ayudas, planes estratégicos del vino y ayudas a la promoción y a la comercialización. Aquí, pese a que somos el viñedo más grande del mundo, contamos con las ayudas más ridículas del mundo. Y lo que ahora necesitamos no son discursos sobre la importancia del sector, sino ayuda directa, financiación íntegra de la promoción del vino regional a cargo de la Administración. Todo lo demás son pamplinas”

La Fundación CLM fiscalizará todas las operaciones de venta de bodegas y cooperativas

Pascasio Martínez, abogado y secretario de la Plataforma Vitivinícola afirma que con la nueva ley se pierde la oportunidad histórica de haber creado un organismo tendente a fomentar la comercialización, para convertirlo en un organismo recaudador de impuestos. Asimismo ha calificado la modificación de la ley de “auténtico disparate”, pues, a su juicio, si ya era gravoso y perjudicial el sistema creado con el antiguo Articulo 26 de la ley, ahora se constituye como impuesto, exigible por vía de apremio, y además se deberá notificar todas las operaciones de venta y transporte que se realicen a la Fundación Castilla la Mancha, entidad privada que pasará a fiscalizar todas las operaciones de venta de todas las bodegas y cooperativas.

“Nos llama poderosamente la atención la unión que se produce dentro del sector y en especial entre los organismos representativos, partidos políticos, sindicatos, y UCAMAN, cuando el ataque a este sector proviene de fuera de nuestra comunidad (consideración del vino como bebida alcohólica con el consiguiente impuesto) y sin embargo esta unidad no se produce, cuando los impuestos surgen en nuestra comunidad, y todo por la simple falta de visión de nuestros gobernantes y en especial de la Consejería de Agricultura, pues lejos de dotar a la Fundación Castilla-La Mancha de un presupuesto independiente, se pretende gravar a las empresas y cooperativas de una forma más exhaustiva con esta modificación”.

La Plataforma Vitivinícola insta a la movilización de los sindicatos del campo en contra de la creación de un impuesto que grava el vino.

Desde la Plataforma en Defensa del Sector Vitivinícola, se espera que los sindicatos ASAJA, UPA Y UCAMAN, pongan el grito en el cielo y se movilicen rápidamente por los medios legales existentes y convoquen una gran manifestación frente a este grave ataque que supone la constitución de este impuesto a un sector como lo es el del vino, extremadamente sensible, demandando que la promoción del vino regional sea financiada en su integridad por la Administración”

En concreto Pascasio Martínez ha reiterado que muchos de nuestros viticultores están deseosos de que se proceda a autorizar arranques subvencionados por la Unión Europea al no ver salida a sus uvas, por lo que cree que sería mucho mejor que estos sean ayudados por su Administración, quien así mostraría su apoyo al sector de manera desinteresada.

La legislación de la OCM del vino en ningún caso impide que un gobierno regional financie la promoción de este producto.

La Plataforma Vitivinícola se ha visto obligada a analizar minuciosamente la legislación, relativa a las ayudas estatales al sector agroalimentario, tanto el Tratado de la Unión y los Reglamentos reguladores del la Organización Común del Mercado vitivinícola, por lo que desde esta asociación se ha invitado a que se lean el texto los muchos políticos y altos representantes de la Fundación CLM que han reiterado que el gobierno regional no puede financiar la promoción del vino regional.

“Es perfectamente legal que una Comunidad autónoma, pueda constituir un Fondo de Promoción Vitivinícola con fondos propios, pues son perfectamente factibles y así lo recoge el Tratado de la Unión, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Por otro lado el Reglamento regulador de la organización del Mercado Común Vitivinícola, establece que debe fomentarse la promoción del vino comunitario.”-afirma Pascasio Martínez-.

Según el secretario de la Plataforma Vitivinícola sí estaría legalmente prohibido dar ayudas a empresas concretas, pero no que la Fundación CLM realizase una labor de incentivo a la comercialización y de promoción nuestros vinos en general, ya que esto se encuentra previsto en el Reglamento CE del Consejo de 1999 de acciones de información y promoción a favor de productos agrícolas de la Unión en terceros países –incluido el vino- así como la posibilidad de dar ayudas a la comercialización y hasta ser financiadas por la propia Unión Europea.

“Si en Castilla la Mancha todos reconocemos que el sector vitivinícola es un sector estratégico, que se encuentra en crisis, y del que viven multitud de familias, la mejor solución es ayudar al sector desde la Administración en vez de gravarlo con impuestos”. Por esta razón, según el secretario de la Plataforma, hubiera sido más es conveniente para el sector, que nuestros legisladores a la hora de aprobar la modificación del Art. 26, -mecanismo que constituye la creación del Fondo de Promoción Vitivinícola-, se dote con fondos propios de la Junta de Comunidades, sin gravar la actividad como se ha hecho. Todo sin perjuicio de que esto podría ser no solo ilegal sino inconstitucional, por recaer en la doble imposición, pues se pretende gravar el vino y la producción de vino, cuando este es un impuesto estatal. Y del mismo modo se pregunta cómo se puede mantener en la UE el argumento de que no se debe gravar el vino, cuando la Junta por otro lado esta poniendo impuestos a este producto.

Pero para Pascasio Martínez mayor es la contradicción, cuando quienes niegan la posibilidad de que sea la Junta quien abone el Fondo de Promoción con fondos públicos, y por otro lado acepta la creación de un impuesto, que constituye con su recaudación por vía del canon fijado, el fondo público más puro, para luego entregárselo a una Fundación privada y, además, que sea un organismo privado quien gestione esta recaudación de impuestos. “Sin duda se habla de lo mismo, de fondos públicos, con la única diferencia, de que unos quieren que se grave al vino con impuestos (PSOE) y otros optan por dar ayudas sin gravar el vino (PP)”. Esta última opción cuenta con la plena aceptación de la Plataforma Vitivinícola y de todo el sector.

El secretario de la Plataforma Vitivinícola concluye que “la Junta de Comunidades ha hecho oídos sordos, de todos aquellos municipios de uno y otro signo político que han aprobado mociones a favor de que sea la Junta de Comunidades, con fondos propios, quien satisfaga el Fondo de Promoción, actuando en contra de sus viticultores y gravándolos con impuestos innecesarios en vez de enmendar su error inicial y esta puede ser una equivocación que le pase factura en las próximas elecciones autonómicas.