Madrid, 14 de noviembre 06. La Administración General del Estado garantizará, como mínimo, un nivel de inversión pública en los programas de desarrollo rural para el año 2007 similar a la del ejercicio 2006. Así lo recoge la disposición adicional, aprobada hoy dentro de los PGE 2007, que coincide con la propuesta planteada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos; COAG trasladó a los distintos grupos parlamentarios esta petición por medio de una enmienda presentada a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año en la que se solicitada un “incremento de esta partida en 158,971 millones de euros, hasta un total de 535 millones de euros”.
Esta petición viene justificada por la reducción de los fondos comunitarios que va a soportar España para desarrollo rural en el periodo 2007-2103. El conjunto del Estado español recibirá 5.000 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, FEADER, entre 2007 y 2013, una reducción del orden del 46% respecto al periodo anterior, 2000-2006. Otros 1.236 millones de euros provendrán de la modulación obligatoria del 5%, aplicada a las ayudas directas que perciben los agricultores y otros 176 millones, originados por las reformas de los sectores del tabaco y el algodón. De esta forma, se alcanza un montante total de 6.408 millones de euros.
Estos 6.048 millones de euros, a precios de 2004, representan en valores corrientes los 7.214 millones que aparecen asignados al Estado español en el reparto establecido por la Comisión Europea.
Se estima que para mantener el mismo nivel de gasto público del periodo 2000-2006, la cofinanciación nacional de desarrollo rural debe subir desde una media del 36%, (2000/2006), a un media del 53%, (2007/2013). De esta forma, si partimos de una base de 364 millones de euros en 2006, para mantener el mismo nivel de gasto público en 2007, sería necesario que la Administración central del Estado presupuestara transferencias de capital por un importe toral de 535 millones de euros. Idéntico esfuerzo deberían realizar las CC.AA. en la parte que cofinancian del desarrollo rural.
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