Palencia, 24 de octubre de 2006.- COAG Coordinadora Agraria de Castilla y León exige que tanto la Unión de Campesinos de Castilla y León como las Consejerías de Agricultura y Ganadería y la de Medio Ambiente expliquen públicamente cómo se han gastado los 200.000 euros extras de subvención, 100.000 concedidos por cada una de las Consejerías citadas, que la UCCL ha percibido entre 2005 y 2006.

La utilidad de estas ayudas, que se asignaron de manera arbitraria y cuyo procedimiento de concesión no tenía precedentes, y que ya motivaron la interposición por parte de COAG Coordinadora Agraria de sendos procedimientos judiciales que se siguen en diferentes juzgados de Valladolid, no se entiende salvo por el objeto de financiar los favores políticos prestados por una organización agraria convertida en correa de transmisión de las consejerías implicadas.

Recordemos que en septiembre de 2005, el BOCyL publicó en su número 184 la Resolución de 16 de septiembre de 2005 por la que la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería adjudicaba a la Unión de Campesinos de Castilla y León el lote nº 1, por importe de 100.000 euros, para la “Realización de los trabajos de campo de la encuesta sobre precios de la tierra y cánones de arrendamientos rústicos y otras actuaciones en Castilla y León”. Así mismo, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2005, la Consejería de Medio Ambiente concedía a la UCCL otra subvención por importe de 100.000 euros, pagaderos en los años 2005 y 2006, para la realización de una “Guía de buenas prácticas Agrarias” y la realización de nueve jornadas informativas sobre esta materia en cada una de las provincias de la región.

Las actividades que, presumiblemente, se han financiado con las subvenciones concedidas, apenas aportan nada, y están injustificadas desde el punto de vista de las necesidades del sector agrario regional. En cuanto a las encuestas, de las que nunca más se supo, podrían haber sido realizadas por personal propio de la Consejería de Agricultura con un coste infinitamente inferior; por lo que se refiere a la subvención de Medio Ambiente, el resultado es una Guía que no pasa de ser un simple folleto divulgativo, absolutamente elemental, realizado a partir de trabajos ya realizados o publicados por otras entidades, es decir, se han limitado a “cortar y pegar”, complementándolo con una ronda de charlas por las provincias para hacer proyección política-sindical.

En definitiva, el dinero público pagado por la Administración regional a una sola organización agraria, marginando a las demás, no se corresponde en absoluto con la pobreza del resultado obtenido y es totalmente desmesurado en relación al mediocre producto final presentado por la UCCL. En estas condiciones, y si no se aporta públicamente una justificación detallada de los costes, no podemos por menos que sospechar que en estas subvenciones se encubre un apoyo extra de tipo clientelista. No está el sector agrario de Castilla y León, ni los presupuestos de la Junta, en condiciones de tolerar estos despilfarros y mangoneos.

COAG Coordinadora Agraria espera que las Consejerías implicadas ofrezcan explicaciones a los Grupos Parlamentarios y a las Organizaciones Profesionales Agrarias regionales, y la UCCL como favorecida, explicaciones públicas para conocimiento del sector, sobre los pormenores de las actividades subvencionadas. En ausencia de esta explicación, o ante una insuficiente aclaración de la misma o de la justificación de los costes financiados, entenderemos que pudiera tratarse de una posible malversación de fondos públicos, y pondríamos el caso en conocimiento de la Fiscalía.