20 de julio de 2006.- La Unió-COAG estudia convocar movilizaciones a partir de septiembre si el Ministerio de Agricultura (MAPA) no rectifica las lagunas que existen en el Real Decreto del programa de lucha contra las enfermedades apícolas.

El Real Decreto fue publicado en el BOE el 2 de junio de 2006, tras lo cual La Unió solicitó una reunión urgente con representantes del Ministerio de Agricultura para intentar aclarar las deficiencias del programa de control de enfermedades apícolas, pero hasta la fecha no han respondido a la petición.

El R.D 608/2006, que establece y regula un Programa Nacional de lucha contra las enfermedades de las abejas de miel, no tiene líneas de financiación específicas que garanticen su viabilidad y su éxito, máxime si se tiene en cuenta que el sector apícola sigue inmerso en una profunda crisis sanitaria y de precios.

Según La Unió, el MAPA ha olvidado en esta normativa involucrar al apicultor como principal agente sanitario de su explotación y a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) como herramientas más eficaces para solucionar los problemas sanitarios.

Entre las exigencias del R.D y relativo al tratamiento de varroa, está la obligación de realizar al menos un tratamiento acaricida obligatorio al año, entre septiembre y noviembre. Este tratamiento se llevará a cabo además con un medicamento veterinario bajo la supervisión del veterinario de explotación o, en su caso, del veterinario autorizado o habilitado. Se realizará así mismo por zonas cuanto más amplias mejor, siendo el área mínima de tratamiento el que disponga la autoridad competente.

Para el sector apícola de La Unió es importante tener en cuenta que los gastos sanitarios en cualquier otra explotación ganadera vienen a suponer entre el 3-6 % de los ingresos brutos, mientras que en una explotación apícola sólo el tratamiento de la varroosis con un producto registrado tiene un coste mínimo del 18-22 %.

Enrique Simó, técnico del sector apícola de La Unió, dice que “estos gastos son insoportables para cualquier explotación profesional apícola. Además, los acaricidas autorizados tienen un coste muy elevado, una eficacia real y unos problemas de resistencias que no son los prometidos por los laboratorios. Por ello, creemos que el MAPA debería apoyar la búsqueda de nuevas moléculas autorizadas para el tratamiento de la varroosis”.

Simó afirma que “las exigencias del Programa de Lucha contra las enfermedades avícolas resultan totalmente utópicas en la actual situación del sector y sin el apoyo de líneas de financiación específicas resultan prácticamente inviables”.