Sabíamos que iba a pasar. Éramos conscientes de que durante las discusiones del Plan Especial del Alto Guadiana iban a volver a aparecer aquellos que en su momento dijeron que no faltaba agua… sino máquinas bastantes para hacer tantos pozos como hacían falta. Son los mismos que se lucraron cobrándole a los agricultores por “arreglarle los papeles” a unos pozos que hoy por hoy siguen sin concesión y sin derecho a usar el agua. Y sabíamos que ahora se iban a volver a aprovechar de la angustia de los regantes del acuífero 23 para autoproclamarse en “salvadores” y sacar beneficio mediático a base de demagogia. Lo más triste de este asunto es que ellos mismos saben perfectamente que están vendiendo humo.

“Que se legalicen todos los pozos…” exigen de cara a la galería. ¿También los de aquellos que han sacado ellos solos más de 1 Hm3 ilegalmente?. ¿también los de los 270 infractores que han extraído casi 27 Hm3 por encima de lo que tienen autorizado y que son, fundamentalmente, quienes han generado este problema?. Con el agua que bombearon de forma irregular en la pasada campaña cinco… (repetimos cinco) titulares se podría haber arreglado la situación de más de 7.000 hectáreas de viñedo que ahora mismo están sin concesión y cuyos 1.000 pequeños propietarios están amenazados de multas por las inspecciones del 2005. Piensen ustedes en eso.

“Que se legalicen todos los pozos…” pregonan a los cuatro vientos. ¿Hasta cuando?, ¿sólo los que se abrieron hasta ayer por la tarde?… ¿los que se abran mañana no tienen derecho?. Si se regularizan de forma indiscriminada y sin ningún criterio de selección todos los pozos nadie sería capaz de explicarle a un agricultor que hasta ahora no ha hecho ninguno, porque a él no se le va a permitir regar precisamente por haber sido cumplidor de la Ley.

“Que se legalicen todos los pozos…” vocean para que se les oiga. ¿Lo mismo al que ha abierto un pozo para mantener una viña de la que vive, que a quien compró varias parcelas de secano, hizo pozos y ahora está esperando que se los arreglen para venderlas de regadío?. Si no se tiene en cuenta ningún tipo de consideración social, ni de racionalización, se acaba beneficiando más al que más ha incumplido la Ley, le quita credibilidad a todo este proceso a los ojos de la sociedad (con cuyo apoyo hay que contar para convencer a los políticos de que arreglen el problema) y, además, deja la vía libre a los especuladores que no tienen vocación de permanecer en el sector, sino que buscan únicamente una nueva oportunidad para llenarse el bolsillo a costa del dinero público o del de los agricultores.

“Que se legalicen todos los pozos…” reclaman. ¿Para todas las hectáreas de todo el mundo?, ¿igual los de melón o pimiento que los de maíz?. A los que mantenemos nuestra renta y a nuestras familias fundamentalmente de nuestra explotación, lo que nos interesa es poder contar también en el futuro con los recursos del acuífero… lo que se llama sostenibilidad. Y para ello, no se puede hacer un proceso de regularización de todos los pozos que no tenga en cuenta un diseño, aunque sea elemental, del modelo de regadío, de explotación de regadío y de regante que es capaz de mantener el acuífero.

Es comprensible que un agricultor que vive del trabajo en su explotación y que, por necesidad y no por avaricia, se ha visto empujado a abrir un pozo sin autorización, se coloque detrás del que lleva la bandera de “que se legalicen todos los pozos” porque seguramente piensa que es la mejor manera de que en el saco entre también el suyo. Pero una organización honesta con los agricultores profesionales, y COAG-Iniciativa Rural lo es, tiene la obligación de estar informada y, por lo tanto, de conocer con los datos en la mano que legalizar todos los pozos y no ejercer un control sobre las extracciones es a medio plazo condenar al secano a los agricultores más modestos y con menos posibilidades económicas. Si los niveles del acuífero 23 siguen bajando, seguirá habiendo agua (hasta cuando no lo sabemos), pero hasta ella sólo podrán llegar los que tengan dinero para meter la bomba cada vez más hondo… y esos, por desgracia, no son la inmensa mayoría de agricultores profesionales y pequeños productores de cultivos leñosos y sociales que se asientan en esta zona.

“No, no” contestan. “Lo que queremos es que se legalicen todos los pozos, pero con control”. Eso estaría bien, pero más agua de la que dice la Ley (lo que el acuífero es capaz de reponer) no se puede sacar y, además, ya la tienen adjudicada los que ostentan derechos. Por lo tanto, la única posibilidad es que a los pozos irregulares se les otorge un “carné” con una cantidad mínima de 400 ó 500 m3 por hectárea (hasta 7.000 m3 máximo en total) que, además sólo se puede ejercer temporalmente en período de sequía (lo dice la Ley de Aguas) constatado oficialmente. Y, ahora, los agricultores del “carné de sequía” que viven del campo y que necesitan su pozo para mantener su explotación si quieren regar que se vayan al mercado libre a comprar o arrendar derechos de agua a 6.000 ó 9.000 € la hectárea (o por lo que quieran pedirles, que ya sabemos como funciona la ley de la oferta y la demanda en situaciones de escasez) a los que cuando oyen estas cosas empiezan a frotarse las manos. Ignoramos si es eso o no en lo que se está pensando en realidad cuando “determinados colectivos” defienden que “deben existir transferencias, ya sean cesiones temporales, parciales o definitivas entre los particulares”.

Nuestra organización no pide que se cierren los pozos de nadie, ni grandes, ni chicos. Lo que si pretendemos es salvaguardar de ese mercado especulativo del agua a los profesionales del sector, otorgándoles el derecho al uso de una dotación que permita la viabilidad de sus cultivos sin tener que empeñarse hasta las cejas.

Y luego está el otro tema, el del Trasvase a la Cuenca Alta del Guadiana. “Y si no hay agua bastante para legalizar todos los pozos… que se traiga del trasvase”, se argumenta contundentemente. Y desde luego que si el Gobierno dice que si y que mañana mismo, mi organización va a aplaudir hasta que se le despellejen las manos. El trasvase es una herramienta de política hidráulica que a unos gusta y a otros no, pero que está ahí. Nuestra organización ha hecho campaña para poner de manifiesto la incoherencia política que supone que, tras derogar el trasvase del Ebro, se siga manteniendo el trasvase del Tajo y que, además, sea sólo para el Levante y que, además, se trasvase para regadío incluso cuando no hay agua en la cabecera y que, además, haya dudas sobre si el uso final de esas aguas cumple o no la Ley y que, además, haya indicios claros según los medios de comunicación de que del agua del trasvase se están beneficiando en el Levante superficies de regadío ilegal. Todo eso mientras que los agricultores de Castilla-La Mancha en la Cuenca Alta del Guadiana seguimos sin agua y con multas… hemos reivindicado, reclamado y denunciado lo absurdo e injusto de esa situación y lo seguiremos haciendo.

El problema está en que, hoy por hoy, la Administración hidráulica ni siquiera se le pasa por la cabeza cambiar esa situación. El problema está en que, hoy por hoy, ni tan siquiera el Gobierno regional, que ha adoptado el agua como idea fuerza de su política, se atreve a plantear que la solución del acuífero 23 se fundamente en el trasvase. El problema está en que, hoy por hoy, como se suele decir el trasvase a la Cuenca Alta del Guadiana ni está, ni se le espera. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de repartirnos el agua del trasvase habrá que convencer a los poderes públicos y a esta sociedad que somos capaces de hacer bien las cosas. Y, desde luego, colocar juntos los lemas de “legalizar todos los pozos” y “si no hay agua bastante que se traiga del trasvase” puede dar muchos titulares en los periódicos y hasta arrancar aplausos alimentados con la angustia y la incertidumbre de los agricultores, pero contribuye muy poco a que nos tomen en serio y a buscar soluciones reales al problema que vivimos.

COAG-Iniciativa Rural ha seguido en todo este asunto del PEAG siempre una idea muy clara. No buscamos el perjuicio de ningún productor agrario, ni de más de 20 hectáreas, ni de más de 50, ni de más de 100. Pero estamos obligados a defender a los agricultores profesionales y a lo largo del camino recorrido y del que queda por recorrer ese ha sido y será nuestro objetivo. Para ello hemos intentado sumar voluntades y gracias también a la buena disposición de otras organizaciones agrarias y ecologistas se ha elaborado un documento de acuerdos que nos gustaría que sirviera de base para la elaboración del Plan Especial del Alto Guadiana. El documento es público y se basa en tres ejes fundamentales: restaurar la buena situación del acuífero y de la cuenca, establecer los medios para garantizar en el futuro la sostenibilidad en la utilización de los recursos y que todo ello se haga protegiendo el mayor interés social. Y los instrumentos, entre otros, que se proponen para alcanzar este objetivo son:

– Un plan de adquisición y rescate de derechos ambicioso y financiado con dinero público.
– Destinar una parte de esos derechos a la restauración del acuífero.
– Constituir con otra parte de esos derechos un Fondo Social para reordenar las extracciones dando prioridad a los agricultores profesionales y a las pequeñas explotaciones de cultivos leñosos y sociales.
– Disponer los medios para un control efectivo de las extracciones, incluida la generalización de la instalación de caudalímetros.
– Dar consistencia y ampliar la protección a los enclaves de interés medioambiental.
– Solucionar los expedientes de multas sin causar perjuicios irreversibles a los agricultores que puedan beneficiarse del Fondo Social de derechos y resolver las solicitudes pendientes en Confederación.
– Poner en marcha medidas voluntarias y ayudas, tanto agrarias como desarrollo rural, para ahorrar agua y rentabilizar los cultivos de secano.
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Y si, también… por si alguien se lo está preguntando, el documento propone que si con las medidas del PEAG no es suficiente para que mejore la situación, haya la posibilidad de acudir a trasvases extraordinarios de recursos externos si es viable y necesario para acelerar el proceso de recuperación del acuífero.

Este acuerdo es fruto del convencimiento de que sólo la credibilidad, la seriedad y la justificación palpable de la necesidad, refrendada por intereses tan diversos como los agrarios y los ecologistas, puede inducir a plantearse algunas medidas de excepcionalidad a unos poderes públicos que, de momento, sólo con oír hablar de ellas sienten urticaria por las implicaciones políticas que representan.

Respetamos que haya quien pueda no estar de acuerdo con nuestra posición; pero el documento dice lo que dice… no lo que algunos dicen que dice para criticarlo. Y tenemos tan poco que ocultar que hasta puede ser consultado en nuestra página web por cualquiera que esté interesado en ello. Porque entendemos que los acuerdos que hemos alcanzado COAG-Iniciativa Rural, UPA, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y la Asociación de Ojos del Guadiana Vivos, en su conjunto están hechos desde la responsabilidad y desde la voluntad de querer, pero de verdad, buscar una salida a una situación podrida durante dos décadas que, de mantenerse como hasta ahora, nos aboca al desastre medioambiental y a la desaparición de miles de explotaciones familiares de la cuenca alta del Guadiana.