Recientemente, se ha reunido en la localidad toledana de Lillo la Sectorial Vitivinícola de ASAJA de Toledo. En dicho encuentro no han participado únicamente los miembros de la sectorial, sino también, en calidad de invitados, presidentes de cooperativas de toda la provincia, responsables de bodegas y destilerías, así como representantes de ASAJA a nivel nacional.

Como no podía ser de otro modo, la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del Vino centró todo el debate.

El consenso fue pleno en la necesidad de potenciar la comercialización apoyando las inversiones en medios técnicos y humanos que lleven, realmente, a una mejor promoción y venta de nuestros caldos. Pero la conclusión principal de la sectorial salió del debate sobre las fórmulas de reparto de los fondos que correspondan a España y a nuestra región. Y aquí, el acuerdo fue unánime al defender que el dinero llegue directamente al viticultor, sin intermediarios, sin nadie que administre y distribuya ese dinero. En este punto, ASAJA de Toledo va a pedir que en el sector del vino se sigan los mismos criterios que se han aplicado en las reformas de otras OCM´s. No vemos por qué tendría que ser distinto.

El sector vitivinícola español viene recibiendo anualmente alrededor de 475 M€. ASAJA de Toledo considera que este presupuesto se debería repartir por superficie; es decir, adjudicando a cada viticultor unos derechos de ayuda en función de las hectáreas de viñedo que haya mantenido durante un período de tiempo determinado. Exactamente igual que se ha hecho con el resto de producciones agrarias. Una ayuda, repetimos, que perciba directamente el agricultor y que, según nuestros cálculos, podría estar entre 400 y 450 euros por hectárea. Esta asociación nunca va apoyar que el dinero que corresponde al agricultor vaya a parar a entidades que lo administren y repartan. Por dos motivos: primero, porque no se ha hecho con otros sectores y, segundo, porque, en España, figuras como puedan ser las organizaciones de productores –y tenemos el ejemplo de las frutas y hortalizas- no han funcionado bien. ASAJA de Toledo, en su día, intentó la promoción de este tipo de agrupaciones; al final, tan sólo se puso en marcha una para el cultivo del tomate, y los agricultores todavía no han cobrado un euro. Por lo tanto, y está comprobado, el único dinero que con seguridad llega al agricultor es aquel que éste percibe directamente. Apoyar que los fondos destinados al sector del vino se repartan por medio de organizaciones de productores beneficiaría mucho a Francia, país en el que este tipo de entidades sí están bien organizadas pero, obviamente, en nuestro ánimo está el defender los intereses de nuestros viticultores, no los de los franceses, que ya se defienden solos.

Por otro lado, ASAJA de Toledo hace un llamamiento a la unidad del sector –organizaciones agrarias, cooperativas, industriales- para consensuar una propuesta conjunta de cara a la nueva OCM del vino, pero ésta nunca podrá pactarse de espaldas a los agricultores, que tienen que ser partícipes y estar plenamente informados de aquello que se haga. No queremos que suceda como con la Fundación para la Promoción del Vino cuya creación, recordamos, ASAJA de Toledo apoyó, no así su forma de funcionamiento, con la que nunca estuvimos de acuerdo. Ahora, pasado el tiempo, comprobamos lo que nos temíamos: los viticultores, a través de sus cooperativas, son los que la han financiado, y, hasta la fecha, no se ha visto ningún resultado práctico; de hecho, muchos socios cooperativistas han dado en denominarla como “el impuesto revolucionario”.

Por último, otro de los temas abordados por la sectorial fue el del papel del Gobierno regional en las negociaciones para la reforma de la OCM. En este sentido, apoyamos a la Consejería de Agricultura y la instamos a que haga valer la condición de Castilla-La Mancha, como principal región productora de España, a la hora de fijar una postura nacional de cara a la reforma de la OCM, tal y como ocurrió en el sector del olivar, cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptó los criterios de Andalucía en el reparto de ayudas.

Resumiendo: que al sector del vino se le dé el mismo trato que a otros cultivos, que se consoliden unos derechos históricos que se traduzcan en ayudas que lleguen directamente al viticultor, y pedir a la Administración castellano-manchega firmeza para que nuestra región tenga en las negociaciones el papel relevante que le corresponde.

Esperemos que todos los implicados seamos capaces de llegar al mejor acuerdo posible, aquel que beneficie al sector, sin que medien otros intereses.