9.febrero.2006. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denuncia la grave situación que se está originando por el escandaloso retraso de todas las comunidades autónomas en comunicar los derechos provisionales a los agricultores y ganaderos para poder acceder al sistema de Pago Único que entra en vigor este año tras las modificaciones establecidas en las ayudas PAC.

UPA no entiende que desde el pasado verano en el que se produjeron las alegaciones realizadas por los agricultores y ganaderos a la primera comunicación de las administraciones sobre sus derechos de producción aún no se haya dado una respuesta a las mismas, de manera que los agricultores vean tremendamente recortados los períodos para presentar nuevas alegaciones en caso de encontrarse en alguna de las situaciones recogidas por la legislación, o si mantienen disconformidad con los datos aportados por las comunidades autónomas.

El asunto ha llegado a tal extremo de gravedad que legalmente el plazo definitivo para esta comunicación finaliza mañana 10 de febrero y resulta prácticamente imposible que se produzcan las comunicaciones a miles de agricultores y ganaderos. Pero la situación todavía se presenta más complicada debido a que el colapso producido en diferentes CCAA ha provocado que muchas alegaciones no se hayan resuelto a tiempo, por lo que muchos agricultores y ganaderos de esas CCAA van a tener que presentar la solicitud de ayudas a la vez que las alegaciones que no se hayan tenido en cuenta y aquellas que correspondan a la Reserva Nacional según el Real Decreto publicado en el mes de diciembre.

UPA acusa tanto al Gobierno central como a las Comunidades Autónomas de este absoluto caos administrativo que se podía haber previsto y evitado reforzando los servicios administrativos ante el cúmulo de alegaciones y recursos planteados el pasado mes de julio que hacían prever la situación a la que finalmente se ha llegado.

La gravedad de estos hecho y la escasa información que han recibido los agricultores y ganaderos sobre estos cambios normativos pueden provocar efectos muy negativos en el sector, ya que una vez que finalice todo el proceso administrativo y los datos sobre los derechos de pago único sean definitivos no habrá posibilidad de modificarlos y tendrán validez para la declaración de la PAC hasta el año 2013, por lo que si se producen muchos errores en las comunicaciones y las alegaciones no son tenidas en cuenta se producirá un grave quebrantamiento económico a muchas explotaciones familiares españolas, por problemas administrativos que hubieran sido muy fáciles de solventar.