Sevilla, 2 de febrero de 2006.- Los 33 “nuevos” humedales protegidos con los que contará desde hoy Andalucía supondrán un calvario y un quebranto económico para cientos de agricultores, que son además los responsables de que esos humedales hayan llegado en un razonable estado de conservación hasta nuestros días.

Por desgracia, en Andalucía el incremento de superficie protegida, lejos de constituir un premio, supone un doble daño: Daño para el medio ambiente y daños para los habitantes que desarrollan su actividad en la “zona protegida”.

La política de protección medioambiental andaluza es errónea en sus planteamientos, pues va contra los usos tradicionales, que son los que han permitido que se mantenga el medio ambiente en buen estado. Las limitaciones y prohibiciones que se establecen para la limpieza de fincas privadas y la ausencia total de estas labores en los montes públicos han sido la causa directa de los graves incendios que hemos padecido en los dos últimos años. Así, la Consejería de Medio Ambiente, lejos de alentar e incentivar, se dedica a prohibir, penalizar y recaudar, y en esta situación la declaración de un espacio como protegido supone una auténtica catástrofe para los propietarios y para los vecinos.

Según el informe La gestión del territorio en el nuevo período de programación 2007/2013. Utilización Sostenible de las tierras agrícolas en Red Natura 2000, elaborado por el Ministerio de Agricultura en abril de 2005, Andalucía, con 2.522.000 hectáreas, es la comunidad con más espacios protegidos de España, y aporta el 19,85% de toda la superficie protegida del país.

Sin embargo, este “afán declarativo” no va acompañado del necesario presupuesto para el mantenimiento, la conservación y gestión de estos parajes, y mucho menos aún para la compensación a los titulares de los mismos.

Según el citado informe, las pérdidas que sufren los miles de agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad agraria en espacios protegidos superan, tan sólo en Andalucía, los 32 millones de euros anuales. Según recoge el propio informe, estas pérdidas se deben a las múltiples limitaciones impuestas por estas figuras de protección. Así, sólo en el sector ganadero se evalúa que las pérdidas por el control de las cargas ganaderas se sitúan en el 20%. Estas pérdidas se dan, con mayor o menor incidencia, en todos los sectores productivos: cultivos herbáceos, leñosos y cultivos de regadío. Este último con pérdidas de 100 euros por hectárea.

Sin duda, está protección mal enfocada de la actual Consejería de Medio Ambiente, que ni invierte ni deja invertir, logra el efecto contrario al perseguido y contribuye, de manera decisiva, al masivo éxodo rural y a la pérdida de los más interesantes socio-ecosistemas y agrosistemas que existen en Europa.