Palencia, 13 de enero de 2006.- COAG Coordinadora Agraria ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León la retirada del Anteproyecto de Ley de Montes. Así lo ha trasladado por escrito al Director General del Medio Natural, Mariano Torre.
Por lo que al contenido del Anteproyecto se refiere, y al margen de las consideraciones referentes al sector agrario, cabe señalar que dicho documento resulta manifiestamente autoritario e, incluso, usurpador, arrogándose la Consejería el derecho a todo por encima de los legítimos derechos de otras partes. Resulta necesario recordar que la Comunidad Autónoma carece de competencias de derecho civil, no pudiendo legislar en contra de la naturaleza de las cosas y contra principios básicos del derecho.
Resulta alarmante el excesivo intervencionismo que se arroga la Consejería sobre los particulares hasta el punto de poder ser asfixiante, lo que no contribuye en nada al mantenimiento, al contrario, puede ser una fuente de graves riesgos para el monte.
Desde esta Organización siempre nos hemos manifestado por la necesidad de preservar los recursos naturales, patrimonio que han preservado las poblaciones rurales y de forma especial los agricultores y ganaderos. Con su uso racional, estas poblaciones han contribuido al mantenimiento del monte y la prevención de siniestros de grave efecto; han preservado así un medio que hoy se hace necesario para el conjunto de la población mientras otros espacios continúan una degradación insostenible.
Pero si bien consideramos que la preservación del medio natural sigue siendo una necesidad, el Anteproyecto de Ley de Montes propuesto por esa Consejería no solucionará los problemas que actualmente se plantean respecto a aprovechamientos que han constituido y constituyen hoy en día la base de la economía y el empleo de numerosas comarcas de la región.
La preservación del medio natural, y de forma expresa de los montes de la Región, no puede hacerse al margen de entidades locales y particulares, y de aquellos colectivos agrarios directamente relacionados económica y socialmente. El desarrollo rural, al que se refiere en algún caso el anteproyecto, no es tal si se legisla al margen de los afectados, y en muchos casos, incluso contra estos.
En este sentido resulta inaceptable la ausencia, no ya de negociación, sino tan siquiera de un dialogo con las Organizaciones Agrarias previo a la presentación del anteproyecto. Una evidencia clara de la falta de voluntad de interlocución por parte de la Consejería. Esto se pone de manifiesto también en la forma de tratar los aspectos relacionados con el sector agrario.
Por todo ello, esta Organización ha solicitado la retirada del anteproyecto y que se abra un verdadero periodo de negociación con los colectivos afectados, muy particularmente las Organizaciones Profesionales Agrarias, que deberían poder proponer sus planteamientos previamente a que se les ofrezca un texto en cuya orientación no han tenido participación alguna.
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