Se ha publicado la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se regulan las ayudas al cultivo de la patata. El texto publicado en el BOCYL no difiere un ápice del borrador enviado al sector el pasado miércoles, por lo que definitivamente los productores no asociados en cooperativas no podrán acogerse a las mismas si cultivan menos de 11 hectáreas, superficie equivalente a la producción de 500 toneladas de patatas.

Como denunció ASAJA, la Orden de la Junta no contempla la realidad agrícola de la provincia, donde el sector de la patata está en manos de unas 500 explotaciones familiares que cultivan una media de 4 hectáreas cada una. De esta forma, la provincia de León se queda mayoritariamente excluida del ámbito de las ayudas, produciéndose un agravio comparativo con respecto a otros productores de mayores extensiones del resto de la comunidad autónoma. Para más inri, en el preámbulo de la Orden se habla de “reparto equitativo” de los fondos disponibles, como si para el equipo del Consejero la equidad pasase por repartir las ayudas públicas a capricho de sus intereses.

ASAJA lamenta la arbitrariedad de la Junta, así como la falta de consideración para con los representantes del sector, a los que consulta cuando el Consejero ya ha firmado los textos que van al Boletín, como ha ocurrido de nuevo en esta ocasión.

La organización agraria ASAJA espera y desea que tanto el PSOE como la UPL presenten sendas iniciativas en las Cortes Regionales en defensa de los intereses de los cultivadores leoneses. La organización agraria se dirigirá también a la Comisión Europea pidiendo que estudie la legalidad de la norma publicada, ya que se está alterando la libre competencia al dar a unos agricultores más facilidad que a otros para colocar sus productos en el mercado.

Estas ayudas, cuyo plazo de solicitud finaliza el 1 de octubre – corto periodo que no deja de ser también sospechoso -, no son mas que unas migajas que consisten en un subvención de 10 euros por tonelada de patata almacenada durante dos meses, y otros 10 ó 5 euros al meses, según los casos, por gastos de conservación y retirada.

A las queja de ASAJA se suma la Cámara Agraria Provincial, que en el Pleno que celebra en el día de hoy aprobará, a buen seguro, una moción criticando la actitud de la consejería y solicitando la retirada de la Orden.

León, 23 de septiembre de 2005.