Mucha polémica se nos viene encima con el asunto de los pozos. Y es lógico que muchos ciudadanos que no conocen en profundidad este asunto se pregunten si:

¿Deberían las autoridades en materia de agua, darle la razón a la persona que hizo un pozo sin permiso en el área de influencia del acuífero 23 o deberían cerrarle el pozo?

Creo que antes deberíamos preguntarnos porque hemos llegado a esta situación.

Administración hidráulica, un cúmulo de despropósitos

Desde antes de los años de sequía, 1993-95 pero sobre todo desde entonces, se generalizó la realización de pozos sin concesión administrativa. Las administraciones, primero por la sequía y después no se sabe muy bien por qué, dejaron de cumplir con sus funciones cerrando literalmente los ojos a una masiva realización de pozos en un acuífero declarado sobreexplotado. Cuando muchos agricultores comprobaron que a quienes hacían pozos sin concesión no les pasaba nada, se animaron a hacer el suyo. Y hemos desembocado en que a día de hoy, según fuentes consultadas, solo en sen-tencias firmes y en recursos denegatorios de los administrados, la Confederación Hidrográfica tiene comunicar el cierre de unos 5000 pozos.

Se trata de una incalificable y cómplice pasividad de las administraciones que no han hecho su trabajo y, lle-vando las cosas a una situación de caos absoluto en la gestión del agua, ahora nos puede llevar a una crisis social.

El plan hidrológico de la Cuenca del Guadiana (previo y preceptivo al Plan Hidrológico nacional), pásmense ustedes, no reconocía déficit hídrico en esta cuenca y por lo tanto no necesitaba aportes exteriores de otras cuencas. Fue un favor que algunos decidieron hacerle al Gobierno de la época, para que no fuera necesario traer agua a Castilla la Mancha y concentrar los esfuerzos en Levante. En esas condiciones fue votado a favor y, por más que hoy día muchos se rasguen las vestiduras, esta situación no es mas que el resultado de la aplicación de lo que ellos votaron.

Esa supuesta “suficiencia de la cuenca” se basaba a todas luces en una falsa recuperación del acuífero 23, no acontecida más que en la retirada circunstancial del riego de 80.000 hectáreas gracias al llamado plan de Humedales.

Es verdad que el propio plan ‘hidro-ilogico’ prometía la elaboración de un Plan Especial del Alto Guadiana en el 2001 para el 2002 que aún está sin aprobar. La administración anterior no cumplió sus propios plazos y ni si-quiera las formas. Para la presentación del primer borrador no cumplieron con el tramite de audiencia ni con las otras administraciones; en definitiva, sólo consultaron a los amigotes.

Hasta ahora las administraciones están moralmente muy poco cualificadas para exigirles rigor a los agricultores en este asunto; ya que el incumplimiento de la Ley, los favoritismos y la falta de transparencia en la gestión, han sido su norma habitual de comportamiento, en el pasado.

Esta nueva administración hidráulica parecía que quería poner orden, pero se empieza a caracterizar, entre otras cosas, por tener el don de la inoportunidad y el de la impertinencia como sello.

Si en La Mancha se aprueba un serio recorte en las extracciones del año con el régimen de explotación y el vo-to en contra de todos los regantes, junto a un posible trasvase de 114 hm3 para Murcia, unido a que para las tierras que están debajo de canal del trasvase se empiezan a enviar cartas para cerrar pozos, y todo esto realizado durante los me-ses de mayor sequía de los últimos cincuenta años, cabe pensar que o se está queriendo provocar mucho a la gente o se trabaja para la oposición, o bien no se tiene idea de hacer política ni hidráulica ni de la otra. Por tanto, quienes toman ese tipo de decisiones sería más útiles a la sociedad escardando cebollino.

Agricultores sí, pero no todos.

Aún siendo verdad a mi juicio todo eso, no es menos cierto que todos los que tenemos un pozo por el mero hecho de tenerlo no somos “hermanitas de la caridad”. Nadie hace un pozo sin darse cuenta, ni pone una viña sin enterarse y en Castilla la Mancha se han hecho miles de pozos. Pero ¿alguien sabe cuantos de estos pozos los han hecho agricultores en “estado de necesidad” y cuantos otros han sido realizados por especuladores, constructores con dinero negro o agri-cultores mas avariciosos que han decidido poner 200 has. en riego, mientras otros, agricultores también, por cumplir la ley sólo tiene 10 has. de regadío?.

Existe en una especie de “ignorancia consentida” según la cual el agua subterránea, como no se ve, parece que nunca se acaba (hasta que se acaba, claro). Cuando alguien hace un pozo parece que el agua que extrae no se la quita a nadie. Eso hace que entre los propios agricultores tengamos una equivocada, pero cierta, condescendencia con el que hace un pozo sin concesión mientras que eso no ocurre con el agua superficial, en una acequia el agua “se ve” y si alguien sin derecho la coge, entonces se va a por el azadón para darle un mochazo al intruso, aunque sea el vecino, o a por la escopeta de caza ”porque me estaba quitando el agua”. Aunque pueda parecer una exageración, la historia judicial española esta llena de casos así.

Se alzan muchas voces en defensa de todos los pozos sin concesión, como si hubiera agua para todos. ¿Y de los que tienen su pozo y su viña legal, se acuerda alguien? Porque quieren seguir produciendo con un poco menos de com-petencia desleal. Nosotros vamos a defender a éstos, a los agricultores que viven de la agricultura. Si hay que legalizar pozos, que se empiece por ahí. Sobre todo mientras que ese trasvase no se pare o se reduzcan las cantidades enviadas y se quede el resto aquí y alguien nos garantice que realmente hay agua para todos, para los agricultores y los demás.

Sabemos que mientras halla gente dispuesta a dejarse engañar habrá quien les engañe. Unos usan la táctica de alagar antes y después cobran por arreglar unos papeles que, como finalmente se ve, no tenían arreglo.

Sabemos también que hay gente interesada en que exista “tensión social” sobre el agua del acuífero, para así revalorizar sus derechos de agua, y poder venderlos mejor en un futuro, y sabemos también que hay quien por un mo-mento de gloria, para parecer más importante o para que le sirva de trampolín, está dispuesto a defender lo indefendi-ble. En fin, somos humanos… lo entendemos casi todo.

De todas formas, no lo sabemos todo ni mucho menos, de hecho hay preguntas planteadas de las que no tene-mos respuestas:

¿Alguien sabe cuánto vino de ese que luego nos sobra lo producen las viñas y los pozos sin permiso? No sabe-mos la respuesta, pero si sabemos que no es poco.

¿Porque los mismos que defienden a las viñas y a los pozos sin concesión están de acuerdo con que nos im-pongan unos rendimientos máximos por hectárea para vino de mesa a los agricultores que sí tiene todos sus derechos? Tampoco hay respuesta.

¿Por qué los que votaron a favor del Plan Hidrológico Nacional, anterior y actual que consagraba los envíos a Murcia por el trasvase, se oponen radicalmente al mismo trasvase ahora?; ¿se habrán dado cuenta de su error? No lo sabemos.

-¿Han pensado por qué Bruselas va a seguir financiando medidas de ahorro de agua en Castilla la Mancha para que se sigan haciendo pozos ilegales sin límite y finalmente se legalicen? Nos imaginamos cual será la actitud de Bru-selas y su respuesta.

-¿Han pensado que sólo con la financiación estatal o regional el plan estará cojo y que hasta que no conven-zamos a Bruselas no tendremos financiación para el famoso Plan del Alto Guadiana?

-Y por último, ¿Por qué viñas ilegales no y pozos ilegales si?

¡Cuidado con lo de “agua para todos”!, o al menos, cuidado con aplicar esa afirmación sólo al agua. ¿Por qué el agua debe ser para todos y no para otras cosas?. También habría que decir derechos de viñas para todos, cuotas lácteas para todos y derechos de ovino para todos. Y, ¿por qué no?, si esos derechos no son mas que una forma de administrar el derecho a producir y por lo tanto, de administrar también la riqueza ¿por qué no pedimos también casas para todos?, ¿tierras y coches para todos? y, por su puesto, empleo, que para eso está en la constitución.

Y aún cuando hubiera agua para todos legalizando todos los pozos y limitando drásticamente el uso… ¿por qué un agricultor con un pozo legal que no se ha saltado la ley tiene que regar menos, y bajar su renta, para que se puedan legalizar los pozos de un constructor que compró con dinero negro una finca de secano, y ahora se la ponemos de re-gadío?
Incluso tratándose de agricultores, ¿por qué habría que dar a un agricultor 70 hectáreas de riego que tenga sin concesión y a otro que sólo 15 hectáreas legales cuando también tuvo la posibilidad de haber hecho pozos pero no los hizo? ¿Por qué deberíamos premiar más al que más se salta la Ley?

Pero no quiero que se deduzca de esas preguntas que no estamos radicalmente a favor de que en Castilla la Mancha, con los índices de pluviométrica registrados, cada agricultor tenga si es posible un pozo. Y deberíamos buscar formulas para poder hacerlo realidad. Hay, no obstante atenuantes y agravantes y “estado de necesidad” en la realiza-ción de los pozos de nuestra región que no tienen concesión.

Están los oportunistas, los que siempre van por la linde de lo legal y lo ilegal, los ‘getas’ y los chulos, los que lo hicieron durante la sequía anterior y los han seguido usando; y como además han visto que a los demás no les pasaba nada, se han animado ellos a hacer también un pozo.

Pero no se puede y no se debe olvidar que también están los que, viviendo sólo de la agricultura y ganadería, han tenido que hacerlo simplemente para sobrevivir y sacar a sus familias adelante. Gracias a ese pozo se han podido quedar en la región y siguen luchando cada día como agricultores o ganaderos por salir adelante. Nosotros apoyamos a ese colecti-vo. Lo llamamos estado de necesidad; a éstos sí habría que darles una concesión hasta un determinado y suficiente número de hectáreas, con el compromiso de poner caudalímetro y atenerse, como es lógico, a los regímenes de explo-tación anuales.

En el ámbito del Plan Especial del Alto Guadiana, debería ponerse en marcha entre otras muchas cosas, un banco de derechos que permitiese que muchos de estos pozos tuvieran finalmente una concesión. Sobre la base de que propietarios que voluntariamente vendieran sus derechos a ese banco y que el Estado los comprase pudiendo asignar parte de los mismos para estos pozos de agricultores por un lado, y dejando otra parte para la recuperación del acuífero, por otro, ¿Por qué no?

Es verdad que nos estamos jugando el acuífero 23; que bien administrado, además de una fuente de riqueza para las actividades agrarias, turísticas, o industriales es una fuente de riquezas para la flora y la fauna de incalculable valor.

Lo que cualquier castellano manchego desea, pienso yo, es que el acuífero se recupere y se mantenga siempre, pero sin reducir la actividad económica y el empleo de la zona, que ya está bastante despoblada. Pero esto costará dine-ro y sacrificios y, por su puesto, habrá que ser capaces de renunciar a protagonismos para trabajar en beneficio del bien común y de nuestra región; buscando nuevas formulas, realizando mejores proyectos para el futuro y negociando con respeto y sinceridad entre todos y con rigor, y eso aún no se ha comenzado a hacer. De momento estamos en lo de la prensa.

La situación en la que estamos plantea una disyuntiva muy clara: o el agua del trasvase de queda en nuestra región –toda o una parte importante- o aquí no hay agua para todos; y como eso de “parar el trasvase” no parece que vaya a ocurrir de inmediato, mientras que lo conseguimos, habrá que priorizar. Por cierto, incluso en este contexto, yo condeno la violencia, en esto de los pozos también.