COEXPHAL-FAECA valoró, en su día, positivamente el anuncio del nuevo reglamento pero, una vez que ha entrado en vigor es fácilmente apreciable su insuficiencia para que los agricultores de Almería puedan regularizar a los trabajadores inmigrantes.

Los requisitos que el Reglamento establece para regularizar la mano de obra no los reúnen la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en la provincia y, se estima que, tan sólo, entre un 10 y un 30% serán los que consigan obtener papeles en este proceso de regularización que concluye el 7 de mayo de 2005.

El nuevo Reglamento puede que sea útil para regularizar inmigrantes en otros sectores económicos, como el servicio doméstico, y en otras zonas geográficas; pero para el sector agrícola de Almería no es suficiente ya que la condición necesaria e insustituible para la regularización del trabajador inmigrante es que debe estar empadronado en el municipio y, este requisito, no lo cumplen la mayor parte de ellos por las circunstancias en que llegaron a nuestra provincia.

Los agricultores son los primeros interesados en disponer de mano de obra para sacar adelante sus cultivos, pero la especificidad de las condiciones de nuestro sector y nuestra provincia deja fuera de la regularización a aproximadamente el 70 % de los inmigrantes irregulares. Desde las organizaciones agrarias y las cooperativas, hemos llamado la atención sobre el hecho de que el requisito del empadronamiento debería ser sustituido por cualesquiera otros que demuestren la estancia del inmigrante en España.

Los agricultores estan muy preocupados por las amenazas que la Administración está lanzando, en el sentido de que, una vez concluido el periodo de normalización habrá inspecciones que llevará a cabo una Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y que comenzarán a operar el 8 de mayo. Las multas pueden ascender hasta los 60.000 euros. Ante esto, los agricultores se sienten indefensos y se encuentran con el mismo problema que tenían antes de la publicación del nuevo reglamento.

La imposibilidad del agricultor para legalizar la situación de sus trabajadores sitúa a éste en una difícil posición ante la ley, la opinión pública y sus propios clientes, pero el requisito del empadronamiento restringe al mínimo la solución a este problema.