El uno de enero del año 2005 entrará en vigor el reglamento CE 178/2002 que obliga a los estados miembros de la Unión Europea a asegurar la trazabilidad de los alimentos en todas las etapas de la producción y la distribución. El plan diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para adaptarse a la normativa pretende que los explotadores de empresas alimentarias puedan identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento o cualquier sustancia destinada a ser incorporada como alimento o pienso.
Sin duda, estas medidas contribuirán a reforzar la seguridad alimentaria de los productos y constituirán, por ende, una garantía más para la tranquilidad de los consumidores. Sin embargo, esto supondrá para el agricultor un aumento de los costes y de los trámites burocráticos, algo que esta patronal espera sea valorado por los consumidores discriminando positivamente los productos autóctonos. La seguridad alimentaria quedará más que demostrada, ya que será necesaria la aplicación de nuevos sistemas y procedimientos para controlar la trazabilidad, así como un adecuado etiquetado de acuerdo con los requisitos de nueva legislación.
ASAJA considera necesario un programa para aumentar la seguridad alimentaria en el sector hortofrutícola, pero también cree que esa misma exigencia tendría que regir la importación de productos de terceros países. Los alimentos importados, que no ofrecerían las mismas garantías sanitarias que los nuestros, podrían cotizar en el mercado con precios similares a los nacionales, algo que aumentaría la sensación de competencia desleal que tiene el campo almeriense respecto a algunas agriculturas extranjeras.
De esta manera, se corre el riesgo de dañar aun más al sector de frutas y hortalizas, ya que con mayores costes para producirlos nuestros productos se venderían con los mismos precios que otros que no ofrecen la misma seguridad alimentaria.
El plan del MAPA debería tener mucho más en cuenta este aspecto, habida cuenta de los informes que hasta en la propia Unión Europea demuestran que el impacto de las exportaciones de terceros países está perjudicando considerablemente la rentabilidad del campo español. En este sentido, el gabinete dirigido por Elena Espinosa aún no se ha expresado sobre si entre sus proyectos está la realización junto con esta patronal de un estudio que evalúe el daño de las exportaciones de terceros países, tal y como prometió su antecesor en el cargo, Miguel Arias Cañete. ASAJA sigue esperando su respuesta, ya que considera de vital importancia ese informe para analizar los problemas actuales del campo almeriense.
Por otro lado, esta patronal agraria también cree que es fundamental destinar incentivos para la adopción de nuevos sistemas de trazabilidad en las explotaciones menos preparadas, así como la posibilidad de conseguir una formación adecuada en esta materia. Para hacer viable el plan ministerial habrá que realizar un importante esfuerzo en su divulgación, ya que en la actividad normal las cuestiones que trata se ven a menudo relegadas por otras de mayor impacto sobre la viabilidad de las explotaciones de menor dimensión o menos tecnificadas.
Por este motivo, y dado que la nueva normativa entrará en vigor desde el primer día del próximo año, ASAJA considera que el MAPA debería intensificar la campaña de información sobre el plan, ya que todavía no se ha divulgado como debiera.
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