Según el informe hecho público la semana pasada por Pricewaterhouse Coopers, la aplicación del Protocolo de Kyoto en España tendrá un coste para la economía de 19.000 millones de euros en el periodo 2008-2012, con un impacto significativo en términos de crecimiento e inflación, entre otras consecuencias. En el primer año de aplicación de la directiva de emisiones la inflación podría tener un incremento adicional del 2,7%, con la consiguiente pérdida de competitividad para la economía nacional.

Otras conclusiones del informe de Price Waterhouse son la siguientes:

– El encarecimiento de los costes de producción por el pago de derechos de emisión puede provocar la deslocalización de la industria en algunos países de la Unión Europea, entre ellos España.

– La deslocalización de estas industrias hacia países con una producción menos eficiente y sin controles puede tener como consecuencia un aumento neto de las emisiones a nivel global, lo que iría en contra de los propios objetivos de Kioto.

– Los mecanismos establecidos deberían facilitar la convergencia europea y no ir en contra. Sin embargo, la implementación de Kioto puede suponer una transferencia de renta en la Unión Europea de los países menos avanzados a los más ricos.

– Los sistemas actualmente previstos por Kioto pueden provocar la distorsión de la competencia, ya que el mecanismo establecido permite a países con exceso de derechos subvencionar a su industria.

– Las empresas españolas afectadas por la Directiva tienen un nivel de eficiencia similar al de la industria europea, pero todavía no han internalizado en su gestión el valor del carbono (no lo consideran en la compra venta de activos, responsabilidades de gestión, trading, etc).

El informe completo se puede descargar de :