10 de febrero de 2004. La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, destacó hoy que «la Audiencia Nacional considera que hay motivos para continuar con la investigación del presunto fraude en el cobro de las ayudas del lino como demuestra la decisión de este órgano judicial de confirmar la imputación de 18 personas». Mercedes Gómez subrayó que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha emitido un auto en el que «considera que hay indicios de fraude por alterarse los datos de producción de lino para cobrar subvenciones de la Unión Europea y donde se destaca los indicios contenidos en el informe del Organismo Europeo de la Lucha contra el Fraude (OLAF)».

A la vista de este auto, la consejera de Agricultura declaró que «a Loyola de Palacio le está pasando factura su decisión de acudir a la Audiencia Nacional, porque este tribunal continúa los trámites para la celebración del juicio para determinar si existió un fraude cuando ella era ministra de Agricultura y tenía la responsabilidad de coordinar la aplicación de la normativa comunitaria».

Respecto a que la Audiencia Nacional haya anulado la imputación al ex director general del FEGA, Nicolás López de Coca, la consejera de Agricultura valora que «no hay que confundir que se haya anulado el auto de imputación, al considerarse que no están especificados los hechos punibles, con una sentencia exculpatoria para Nicolás López de Coca, porque aún se está en la fase de preparación del juicio oral».

En este sentido, Mercedes Gómez concreta que el auto insta al juez instructor, Baltasar Garzón, «a dictar una nueva resolución de imputación donde se concrete en mayor medida su valoración de que Nicolás López de Coca aprovechó su función como presidente del FEGA para desarrollar determinadas acciones para entorpecer los controles de Castilla-La Mancha y favorecer a sus familiares, desde un cargo totalmente incompatible con todo tipo de asesoramiento».

Por tanto, «existe la posibilidad de que López de Coca sea nuevamente imputado si se atiende a esta petición de la Audiencia Nacional». Cabe recordar que el auto de imputación del juez Garzón consideraba que podía existir delito de tráfico de influencias (Art. 428 del Código Penal) y/o delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios (Art. 441 del Código Penal) que fueron las razones alegadas por el juez instructor para dictar el auto que inculpaba a este cargo del Ministerio de Agricultura ahora anulado.

Además, la consejera de Agricultura aclaró que «sigue imputado el que fue director financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, y sus dos hermanos como administradores de la empresa Colino». Respecto a este caso concreto, el auto de la Audiencia Nacional afirma que «los datos que se manejan con relación al número de empleados y al resultado de producción o respecto a los consumos de electricidad no pueden desecharse como indicios de los hechos que se les imputan». El Tribunal también especifica que estos indicios constan en el informe elaborado por la OLAF.