La nueva Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal cambia la redacción anterior sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y, en lo referente a la protección de obtenciones vegetales, establece penas de hasta dos años de cárcel para aquellos agricultores que “…con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales”

Esta modificación del Código Penal referente al uso de semillas, realizada a espaldas del sector agrario, sin comunicación previa a las organizaciones agrarias para su debate sin el conocimiento de los miembros que representan al sector en el Consejo Económico y social, refuerza la situación de constante indefensión y dependencia del agricultor frente a las presiones ejercidas por la industria semillera a través del propio Ministerio de Agricultura, que otorga patente de corso a estas empresas en el establecimiento de condiciones abusivas hacia el productor y continua sin atender las razonables demandas del sector.

A juicio de COAG, el agricultor ve incrementada la precariedad de su labor con este tipo de presiones, a pesar de que el “privilegio del agricultor” para reproducir sus propias semillas se ha visto cada vez más restringido, las practicas al margen de la Ley no son habituales en el sector; pero las desviaciones no deben ser castigadas con esta dureza, especialmente en el capítulo de la protección intelectual donde existen sectores, como el de la industria discográfica, donde el fraude sí que es evidente y no se persigue a los infractores ni se amenaza con esta dureza al que escucha una grabación que carece de derechos

Valladolid, viernes 28 de noviembre de 2003