Madrid, 4 de noviembre de 2003. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, considera que la naturaleza de la oferta alimentaria y la relación desigual entre productores y distribución, reúne características singulares y suficientes que justifican la intervención de los poderes públicos. La distribución comercial actúa en régimen de oligopolio con gran poder de compra y de dominio sobre el resto de los agentes de la cadena agroalimentaria (agricultores y consumidores). “De esta manera, ha apuntado Miguel López durante su intervención, “los agricultores son el comienzo de todo el proceso alimentario pero el que, al final, ejerce una menor influencia sobre el mismo”.

Los datos del IPC de los alimentos publicados hoy por el Ministerio de Economía demuestran una vez más que el desequilibrio en el mercado agroalimentario sigue patente. Mientras que los tomates para ensalada aumentaron su precio un 15,2% en el mes de octubre, su precio en origen sin embargo descendió un 32%. Lo mismo ocurre en el caso de las patatas que incrementaron su precio final un 7,22%, aunque en origen descendieron un 3,4 %, en el mismo periodo, sin ningún tipo de causa justificada.

El secretario general de COAG, Miguel López, ha expuesto esta mañana durante el transcurso de su comparecencia en la subcomisión de Agricultura del Congreso, la necesidad de articular a nivel del Estado otra política agroalimentaria que fije unos objetivos (ahora inexistentes) y unas medidas de apoyo que logren articular la agroindustria en el sector agrario, para evitar de esta manera la disminución drástica de los precios en origen “Es necesario que la generación de valor añadido, por parte de la agroindustria, sea una función internalizada por agricultores y ganaderos, de forma que se mantenga un precio suficientemente remunerador para las producciones agrarias” ha puntualizado Miguel López.

Ante la actual situación y para lograr un sistema agroalimentario equilibrado donde no se presenten las actuales rigideces y donde las cotizaciones en origen y destino sean en beneficio de todos los agentes de la cadena comercial, el secretario general de COAG ha puesto de manifiesto la necesidad de instaurar una serie de medidas políticas:

1) De regulación de mercados, que eviten la disminución de los precios en origen de los suministradores (agricultores y ganaderos) a las agroindustrias y a la distribución comercial.
2) De carácter socioestructural, que favorezcan unas apropiadas estructuras rurales para la transformación y comercialización de los productos agrarios por parte de los agricultores y ganaderos.
3) De carácter contractual, donde los poderes públicos se impliquen en mayor medida en la aplicación de contratos equitativos entre la producción y la industria.