Cuando celebramos el veinticinco aniversario de la Constitución Española, y por tanto de la instauración de la vida democrática en el marco de la política, en el campo poco o nada se ha avanzado en los aspectos relacionados con la interlocución agraria. Los agentes sociales en esta materia, que son las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), no tienen un espacio definido ni un papel reconocido por los poderes públicos para ejercer la labor de representación que le corresponde.

No existe otro marco legal que la propia Ley de Libertad Sindical al amparo de la cual se crearon en su día. Desde los gobiernos de UCD a los actuales del PP, pasando por los del PSOE, no se ha hecho nada en el marco normativo para definir fines y competencias y establecer un modelo de financiación pública estable y transparente. Situación esta calamitosa derivada de una voluntad política de todos los gobiernos por acallar la voz del campo, por mantener a los agricultores y ganaderos desorganizados, y por poner frenos y obstáculos al legítimo deseo del sector de vertebrarse y defender sus intereses cara a los poderes públicos y las empresas privadas.

Este vacío legal se ha venido a suplir en varias comunidades autónomas con el desarrollo de la Ley de Cámaras Agrarias, la convocatoria del proceso electoral a los órganos de gobierno, y la extrapolación de los resultados de los comicios para establecer la interlocución y financiación de las organizaciones agrarias. Claro que en ciertas regiones ni los propios afectados ni el poder político han tenido interés alguno en que el campo hable en las urnas, y en todo caso seguiría faltando un referente para medir el peso de cada OPA en el conjunto del país.

En esta situación, el Ministerio de Agricultura ha puesto encima de la mesa el proyecto de Ley Básica de la Agricultura, en cuyo Título IV se ocupa de las relaciones institucionales. Para el desarrollo de estas relaciones se crearía un Comité Consultivo Nacional Agrario, en el que participarían las organizaciones de agricultores en función de los resultados electorales una vez concurriesen a unas elecciones convocadas para tal fin. A tenor de lo que al respecto figura en el proyecto de Ley, de nuevo el ministerio deja patente que no tienen interés alguno por reconocer un papel relevante a las organizaciones agrarias, y mucho menos por definir un modelo de financiación pública que garantice la absoluta independencia del poder político de cada momento.

La representación social de la población es un elemento fundamental en las democracias maduras, sin la cual es difícil entender la relación entre administración y administrado. Pero cuando se trata del sector agrario la necesidad se hace más imperiosa. En el campo, además de intereses económicos, hay que defender intereses sociales, pues la vida en el medio rural dista mucho de parecerse en bienes y servicios a las de las ciudades Y un sector cuyos ingresos dependen en gran medida de las ayudas públicas, necesita estar bien organizado para influir en que las decisiones políticas que se tomen sean lo más acertadas posibles.

Después de veinticinco años, y habiendo pasado por gobiernos de centro, de izquierdas y de derechas, y por ministros de todo tipo de corte y talante, no se puede decir que haya habido avances en las cuestiones de la representatividad agraria. Y si las organizaciones agrarias están más consolidadas, que lo están, y disponen de más medios y mayor número de agricultores asociados, es a costa del esfuerzo del propio sector y muy a pesar de los deseos de quienes nos han gobernado. En este sentido Arias Cañete no demuestra más sensibilidad que sus antecesores.

30 de octubre de 2003