Las dificultades de los regantes para amortizar las obras públicas de riego que se ejecutan con cargo al Plan Nacional de Regadíos o al Plan Hidrológico Nacional son cada día mayores. Los compromisos económicos que conllevan estas amortizaciones amenazan con poner en cuestión la viabilidad de las explotaciones y por tanto el interés por estas infraestructuras.

En ASAJA hemos sido siempre firmes defensores de una agricultura de regadío que permita diversificar la producción, asegurar las cosechas sin depender tanto del clima y multiplicar al menos por cuatro las producciones con respecto al secano, factores que contribuyen a frenar la despoblación del medio rural. Hemos luchado más que nadie por el agua, y teníamos grandes esperanzas en que el Plan Hidrológico y el Plan de Regadíos, aprobados en esta legislatura, viniesen a solucionar parte de los problemas agrarios de Castilla y León.

Pero a la voluntad política de invertir en el sector, que en muchos casos seguimos cuestionando que exista, se suman dificultades técnicas para poner en marcha los proyectos. Y la primera de las dificultades es que a muchos de nuestros agricultores no les salen las cuentas, ya que las amortizaciones de las grandes infraestructuras les dejan sin margen de rentabilidad para seguir cultivando la tierra. El problema lo han puesto estos días encima de la mesa los parameses de León, pero antes lo pusieron los del Carrión en Palencia; mañana será el problema de los abulenses que regarán con las aguas del pantano de las Cogotas, y pasado ocurrirá en cualquier otro punto de nuestra región. Nuestra agricultura de productos continentales, fundamentalmente cereal y maíz, no permite márgenes de rentabilidad que quizás sí admite la agricultura de huerta del levante español.

Por todo esto, y ante unas obras públicas hidráulicas que cada vez son más caras y una agricultura que cada vez es menos rentable, se impone que los plazos de amortización de las inversiones sean mayores, pasando de los veinticinco años actuales a no menos de cincuenta años, así como que dicha amortización se haga por anualidades iguales, sin el pago de intereses. Y si esto supone un cambio de la ley actual, perfecto: para eso tenemos un Gobierno que si algo ha demostrado es su capacidad para cambiar leyes, y para eso tenemos unos parlamentarios que si de algo están necesitados es de que les demos trabajo.

Por otra parte, ahora que nos cuentan la letra pequeña del Plan de Regadíos se suceden las dificultades para su puesta en marcha. A la ya mencionada de la financiación, que no es tan bonita como algunos quieren pintarla, se suman otras como la obligación de hacer todas las obras con tubería enterrada y riego por aspersión, algo que puede ser una barbaridad para modernizar regadíos ya existentes donde las fincas son y seguirán siendo pequeñas y en las que el maíz es el cultivo predominante. Y dificultades surgen al tener que convencer a unos propietarios de tierras que mayoritariamente no son agricultores sino arrendadores, y que en la mayoría de los casos son personas muy mayores con una mentalidad que choca con la de los jóvenes que trabajan en el campo.

Y por si fuera todo ello poco, las comunidades de regantes están demostrando fallos de gestión, inestabilidad en sus órganos de gobierno, falta de un equipo humano que “tire” en una misma dirección, y se evidencia un claro choque de intereses entre quienes simplemente tienen tierras y quienes las cultivan. Unas instituciones de los agricultores ancladas en el pasado, que no van más allá de ser el brazo ejecutor de las políticas de la Confederación, y que no saben defenderse de ésta cuando las cosas se ponen feas.

Castilla y León necesita agua para regar, y es necesario modernizar nuestras obsoletas estructuras de riego. Pero hay que definir fórmulas, y cuanto antes, para que las infraestructuras del Estado que ejecutan las grandes constructoras no se beban el sudor de los hombres y mujeres del campo.