El Comisario responsable de la Política Regional y del Fondo de Solidaridad, Michel Barnier, expresó su sentir común con todos los ciudadanos afectados por la catástrofe, especialmente los que han perdido a familiares y amigos, y dijo: «la decisión adoptada hoy expresa la solidaridad en materia financiera de la Unión con el pueblo de Portugal, y servirá para restablecer su infraestructura y reembolsar los costes de las medidas de emergencia. Mañana me propongo viajar a Portugal para visitar varias de las zonas siniestradas.» La Comisaria responsable del Presupuesto, Michaele Schreyer, añadió: «el Fondo de Solidaridad se destina a paliar catástrofes de gran magnitud. Los servicios de la Comisión han podido tramitar la solicitud de Portugal de forma muy rápida. Hago un llamamiento al Consejo y al Parlamento para que adopten su decisión de la misma manera expeditiva de modo que los fondos puedan llegar a Portugal rápidamente.»

Ésta es la primera «catástrofe de grandes proporciones» que, este año, requiere la intervención del Fondo de Solidaridad. Los pagos procedentes del Fondo llegarán inmediatamente después de la aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, que se espera para antes de mediados de octubre, y tras la firma del Gobierno de Portugal y de la Comisión Europea. Para que se produzca enseguida una decisión del Consejo y el Parlamento, la Comisión también ha adoptado la propuesta correspondiente con el fin de poner en marcha el Fondo de Solidaridad y un anteproyecto de presupuesto rectificativo (N°6/2003). La solicitud no incluye los créditos de pago puesto que la suma necesaria puede obtenerse reafectando cantidades ya presupuestadas.

El FSUE no se destina a pagar la totalidad de los daños sino, únicamente, los costes relacionados con las medidas de emergencia. Para otras medidas de reparación y de prevención, las autoridades regionales y nacionales pueden reasignar los fondos estructurales y de cohesión, de conformidad con los reglamentos. Con el fin de reactivar la economía y reparar la infraestructura pública, Portugal ya tiene intención de reasignar 182 millones de euros de los Fondos Estructurales de la UE. Podría utilizarse el Fondo de Cohesión para reconstruir la infraestructura de transportes y desarrollar proyectos ambientales.

Perjuicios directos

0,6 % del PIB portugués Medidas de emergencia elegibles Contribución del FSUE propuesta
946,5 millones de euros 718 millones de euros 79,6 millones de euros 31,6 millones de euros

La contribución del FSUE propuesta asciende al 40% del montante de las medidas de emergencia elegibles. Se ha utilizado el siguiente método de cálculo: el 2,5% de los prejuicios directos, hasta un máximo del 0,6 % del PIB (es decir, 17,953 millones de euros), y 6% de los daños por encima de este montante (es decir, 13,702 millones de euros).

Antecedentes

A raíz de las inundaciones ocurridas en Europa Central en agosto de 2002, se decidió crear un nuevo instrumento de la UE para prestar ayuda de emergencia a los Estados miembros y a los países candidatos en caso de catástrofe de grandes proporciones. Basándose en propuestas de la Comisión de un Reglamento del Consejo por el que se establecía un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) y de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en noviembre de 2002 se aprobaron los instrumentos jurídicos y presupuestarios. Anualmente, se puede disponer de un máximo de mil millones de euros del FSUE.

Para poder optar a la ayuda con cargo al Fondo de Solidaridad, los países afectados por una gran catástrofe deben proporcionar una estimación pormenorizada de los daños y observar criterios específicos, con objeto de garantizar que los fondos de la UE se utilizan para satisfacer las necesidades más urgentes. Por «catástrofe de grandes proporciones» se entiende un acontecimiento que cause daños estimados en más de 3000 millones de euros o en más del 0,6% de la renta nacional bruta del Estado de que se trate. En circunstancias y condiciones excepcionales, también una región puede beneficiarse de la asistencia del Fondo. La Comisión ya había decidido el 16 de julio proponer una subvención de 56,25 millones de euros para Italia y España en relación con las catástrofes regionales resultantes del terremoto de Molise, de la erupción del Etna y del accidente del «Prestige».