FACUA-Consumidores en Acción muestra su más profundo rechazo ante el Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América -tratado de libre comercio entre EE UU y la Unión Europea- que se negocia de espaldas a los ciudadanos. La asociación considera que este acuerdo pretende dar un paso más en la privatización y desregulación de los servicios públicos más básicos, y servir para dar entrada en sectores hasta ahora garantizados y controlados por los Estados a las grandes corporaciones empresariales estadounidenses, y priorizar así sus intereses frente a los derechos más básicos de los europeos.

Así se indica en el único documento hecho público hasta la fecha en relación a la negociación, Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, que utiliza expresiones como que «el Acuerdo deberá prever una liberalización recíproca del comercio de productos y servicios, así como normas sobre temas relacionados con el comercio, con un elevado nivel de ambición que vaya más allá de los compromisos existentes en el ámbito de la OMC».

FACUA se opone, además, a la manera en la que se negocia dicho tratado, en secreto y sin incluir a los grupos de interés y representantes de los ciudadanos. La asociación exige transparencia y consulta, dado que se están negociando cuestiones que van a afectar a la ciudadanía de manera directa en su vida diaria, como y quién va a gestionar las infraestructuras, los hospitales o los centros educativos.

FACUA considera preocupante que en el dossier hecho público se estipule claramente que «las obligaciones del Acuerdo serán vinculantes en todos los niveles de la administración», esto es, que restarán poder a los parlamentos y gobiernos estatales, administraciones autonómicas e incluso locales, hasta ahora soberanos para decidir en democracia sobre los mejores intereses de los ciudadanos. Si este tratado llega a entrar en vigor, los Estados dejarán de tener poder para modificar o aprobar leyes que protejan los legítimos intereses de los ciudadanos si contradicen lo estipulado por este Acuerdo.

La asociación considera que es claro y palpable que con este acuerdo se pretende favorecer el poder de las grandes corporaciones empresariales frente a los legítimos intereses de los ciudadanos y usuarios, que verán reducidos y desprotegidos sus derechos, con unas administraciones mermadas en su capacidad de regulación y cada vez con menor poder de representación y toma de decisiones. Así lo dice el documento desclasificado, que llega a contemplar «consultas tempranas sobre normas significativas», la «revisión periódica de medidas reglamentarias existentes» e incluso «el compromiso de consultar a las partes interesadas antes de la introducción de medidas que tengan un impacto en el comercio y la inversión».

Además, FACUA muestra su rotundo rechazo ante la creación, contemplada por el Acuerdo, de un órgano de arbitraje para dirimir los conflictos que puedan surgir entre los propios Estados y las grandes empresas. Este órgano les permitirá demandar a los Gobiernos en el caso de que estos decidan aprobar medidas que les perjudiquen, incluso a costa de la protección de los ciudadanos.

La asociación se opone a la desregulación que pretende el tratado, que pretende «reducir los requisitos de certificación y ensayo redundantes y onerosos». Una relajación en los estándares de certificación mermará la calidad de los productos y servicios que se ofrecen a los usuarios, que ahora tendrá menos garantías y poder de reclamación ante artículos defectuosos.

FACUA llama a la movilización el sábado 11 de octubre para mostrar el rechazo al tratado

Ante una situación que deja fuera a los ciudadanos y sus representantes a pesar del fuerte impacto que el tratado tendrá sobre sus derechos, FACUA se une a las movilizaciones para mostrar su más absoluto rechazo al Acuerdo. Así, se adhiere a la campaña estatal contra el tratado de libre comercio, de la que ya forman parte cerca de 130 organizaciones representantes de la sociedad civil -partidos políticos, organizaciones religiosas, ciudadanas, ecologistas, y de consumidores, entre otros-.

La asociación hace un llamamiento a la ciudadanía para que se una a los diferentes actos públicos que en este sentido tendrán lugar el próximo sábado 11 de octubre en diferentes puntos del territorio nacional. Los actos del sábado 11 en España se suman a las movilizaciones en numerosos países europeos.