Madrid, 2 de julio´04. Conocidas las posibles líneas generales de lo que podría ser el texto de reforma de la Organización Común de Mercado de la Remolacha, COAG alerta de que este texto podría suponer la desaparición de la remolacha en el Estado español, lo que amenaza con la desaparición de 20.000 explotaciones; la mayoría en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y norte peninsular.

De la Comisión Europea se ha filtrado un documento en el que se está trabajando antes de pasarlo para la definitiva aprobación por parte del Colegio de Comisarios. Para COAG las ideas que sugiere el texto son inaceptables de principio a fin y destruirían por completo el tejido económico que rodea a la remolacha y a la fabricación de azúcar en las 22 provincias donde está presente este cultivo, porque reduciría el precio institucional de la remolacha en más de un 40 % y permitiría la movilidad de cuotas de producción entre países. Desde COAG, defendemos el mantenimiento del sistema de cuotas con precios remunerativos, que garanticen la continuidad del cultivo y la transformación en todos los Estados productores, evitando la deslocalización y la pérdida de capacidad productiva.

Consideramos que una reforma del sector, antes de que termine la vigencia de la actual OCM, es completamente inoportuna; más aún si se tienen en cuenta aspectos como: la incertidumbre sobre la posibilidad de exportar azúcar excedentario en el futuro, el cambio de Comisión para el próximo otoño y la condición de un Parlamento Europeo aún sin constituir.

COAG anima al Ministerio de Agricultura a articular mecanismos eficaces para bloquear la posible reforma, desde el Ministerio ya se ha dejado expresado que la Administración comparte la línea de los postulados de COAG y del resto del sector y ha informado de los posicionamientos que van tomando los distintos estados de la Unión. Entre todos ellos sólo cuatro (Reino Unido, Suecia, Holanda y Dinamarca) secundan las líneas del papel filtrado. Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo no tienen posturas claras. El resto de Estados rechazan los cambios sugeridos, que aún no se conocen de manera oficial.