El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó ayer un acuerdo para la creación de un equipo técnico multidisciplinar con funciones de asesoramiento en relación con las actuaciones derivadas de los mandatos estatutarios contenidos en los artículos 19.3 y 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, para la defensa de los derechos de los aragoneses en relación con el agua y la preservación del principio de unidad de cuenca.

El Gobierno de Aragón considera imprescindible la creación de este grupo de asesoramiento técnico de carácter multidisciplinar que permita fundamentar las actuaciones en defensa de los mandatos estatutarios y en particular, informar sobre la repercusión de las actuaciones contenidas en el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña 2016-2021.

Este grupo iunformará en especial de las autorizaciones o ejecuciones de infraestructuras hidráulicas que pudieran derivar en transferencias de aguas a otras cuencas hidrográficas y su afección a los derechos de los aragoneses en relación con el agua, y en concreto los proyectos de obras que pretendieran fundarse en la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 27 de octubre de 2010, que autorizó provisionalmente una transferencia de 0,62 Hm3/año, así como sobre la legalidad de todas aquellas actuaciones derivadas de la misma.

El equipo multidisciplinar tendrá por objeto el seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y de la Generalitat de Cataluña y Agencia Catalana del Agua que pudieran facilitar, directa o indirectamente, transferencias de aguas presentes o futuras de la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña. Deberá analizar en especial las asignaciones de derechos, concesiones y de usos de aguas del canal Segarra-Garrigues, así como las autorizaciones o ejecuciones de infraestructuras hidráulicas que pudieran derivar en transferencias de aguas a otras cuencas hidrográficas.

El Gobierno de Aragón considera “especialmente grave” el informe favorable emitido por el Consejo Nacional del Agua, en su XXXI sesión plenaria del pasado 16 de marzo de 2017, al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, periodo 2016-2021, con la oposición del Gobierno de Aragón puesta de manifiesto por el voto en contra del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y justificado mediante la presentación del correspondiente voto particular.

Como es sabido, la Generalitat de Cataluña ha anunciado la ejecución de obras de conexión del canal Segarra-Garrigues para el proyecto constructivo de abastecimiento en alta con captación desde este canal para abastecer con aportaciones del río Segre (Presa de Rialb y sistema general de usuarios de Rialb), municipios de las comarcas de Segarra, I’Urgel, la Conca de Barberá y I’Anoia, situados en el ámbito geográfico de las cuencas internas catalanas.

En este último punto, es importante manifestar la rotunda oposición del Gobierno de Aragón a cualquier proyecto de obra hidráulica de conducción de aguas del canal Segarra-Garrigues sobre la base de anteriores autorizaciones de transferencia de caudales de carácter temporal y transitorio, ya caducadas, por entenderse que se realizaría en precario y sin los adecuados mecanismos de control para supervisar y garantizar las condiciones en que se efectúa la transferencia de caudales.

Servicios Jurídicos

En el mismo ámbito de actuación, esta mañana el Consejo de Gobierno ha acorado la habilitación de la Dirección General de Servicios Jurídicos para solicitar autorización al propio Gobierno de Aragón para el ejercicio de las acciones pertinentes, tanto en el ámbito administrativo como en cualesquiera órdenes jurisdiccionales, en relación con la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 27 de octubre de 2010, que autorizó la transferencia de aguas desde el canal Segarra-Garrigues, así como cualesquiera concesiones o autorizaciones que se refieran a proyectos de obras que pretendan fundarse en la misma.