El consejero de Desarrollo Rural de Aragón ha enviados sendas cartas al comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, y al presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Riesgo, insistiendo en la urgente necesidad de abordar una reforma profunda de la política agraria de la Unión (PAC).
En la primera de las misivas, Olona celebra las palabras del comisario, que en la última reunión del consejo de ministros de Agricultura manifestó su intención de trabajar intensamente para tener un acuerdo de reforma a finales de 2017.
“Aprovecho para trasladarle mi honda preocupación por los efectos desfavorables que la vigente política agraria está teniendo sobre nuestra agricultura, en particular sobre la ganadería extensiva y los jóvenes. También por los costes desproporcionados que, derivados de una excesiva complejidad y burocracia, soportan tanto los beneficiarios como las administraciones”, afirma el consejero aragonés.
Junto con la carta, le envía una versión revisada de la propuesta de reforma que ya hace un año elaboró el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y que el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, entregó a Hogan en un encuentro que mantuvo con este en Bruselas.
“Hemos seguido trabajando en ella –afirma- porque estamos firmemente convencidos de que la política agraria de la UE necesita una reforma en profundidad” y termina pidiendo encarecidamente que “impulse las acciones necesarias para lograr una verdadera simplificación, algo que, por ahora, no se vislumbra”.
Burocratización
La cuestión de la complejidad burocrática es la que Olona aborda fundamentalmente en la carta a Miguel Riesgo: “Quiero transmitirte nuestra honda preocupación por la evolución que están teniendo los procesos vinculados a la gestión de la PAC, que lejos de simplificarse, como todo el mundo demanda, no hacen más que complicarse cada vez más”.
El consejero afirma que esto se traduce en costes desproporcionados, no sólo para los beneficiarios, sino también para las administraciones. Y añade que son las comunidades autónomas las que soportan directa y prácticamente en solitario la presión de unos agricultores y ganaderos a quienes resulta cada vez más difícil comprender el sentido y la utilidad de los procedimientos a los que se ven sometidos. “Sinceramente, lo mismo nos ocurre a nosotros”, apostilla el titular de agricultura.
Tras despejar dudas y afirmar que, en todo caso, el Gobierno de Aragon está comprometido con el estricto cumplimiento de las normas del FEGA, “cuya función coordinadora reconocemos y valoramos”, el consejero añade que “nos vemos en la necesidad de manifestarte nuestro desacuerdo y preocupación con el desarrollo que están teniendo cuestiones tales como la actualización del Sigpac en relación con las declaraciones y la retroactividad, la gestión de los derechos en relación con el pago de anticipos, la futura declaración gráfica o la propia aplicación informática habilitada por el Fega, entre otras”.
Los costes desproporcionados de todo tipo que soportamos en la comunidad autónoma y que se suman a los que recaen sobre los beneficiarios invitan a una profunda reflexión que, necesariamente, debe conducir a una revisión urgente que simplifique y facilite los pagos, sostiene Olona.
El texto termina aclarando que, como se trata de fondos públicos, y que, la simplificación tiene que ser “obviamente” compatible con una gestión que contenga las garantías jurídico-administrativas pertinentes.
El Fondo Español de garantía Agraria es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que controla y regula la aplicación de la PAC en España. Fuente: Aragón
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