La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘MAB II’, dirigida a esclarecer la supuesta insalubridad de una explotación de ganado porcino en Calasparra, ha denunciado al responsable de la granja por más de una decena de infracciones administrativas a la normativa reguladora de residuos, aguas, protección ambiental y sanidad animal. La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Benemérita (SEPRONA) recibió varios avisos alertando de unas supuestas irregularidades en una explotación ganadera de Calasparra, que habían generado cierto malestar debido a los fuertes olores e insalubridad. La Guardia Civil se desplazó a la finca para verificar el estado de las instalaciones, que en ese momento contaba con más de 400 cabezas de ganado porcino, entre madres reproductoras y lechones, destinados al consumo humano, y que presentaba un estado deficiente de mantenimiento, insalubridad y atención de los animales, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La inspección del establecimiento ha permitido hallar, diseminados en los distintos recintos de la granja, más de una docena de cerdos muertos y restos óseos, en distintos estados de descomposición, así como numerosos productos medicamentosos que, supuestamente, eran suministrados sin control veterinario, por el titular de la explotación.

La Benemérita ha constatado que el titular de la finca es la misma persona a la que, en 2014, le fueron instruidas diligencias por hechos similares cometidos en otra explotación ganadera de Calasparra, en la que fueron hallados más de medio centenar de cadáveres y restos óseos de ganado porcino que no habían sido gestionados correctamente. Los agentes han examinado la documentación que ampara la correcta retirada y gestión de material específico de riesgo (MER), a la vista del riesgo sanitario derivado de la mala praxis observada.

La operación ‘MAB II’ ha culminado con la denuncia al titular de la explotación ganadera por más de una decena de infracciones administrativas, por incumplimiento del Real Decreto de Ley 1/2001, de Aguas, Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada y Ley 8/2003, de Sanidad Animal, por deficiencias en cuanto a la gestión de residuos de la granja, graves deficiencias en las instalaciones y en la balsas de purines y la carencia de de la documentación necesaria para el desarrollo de esta actividad. Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en infracciones graves y muy graves, sancionadas en la legislación vigente con multas de 3.001 euros hasta 1,2 millones de euros.