Aprovechando la celebración del XLII Congreso Nacional y XVIII In­ter­na­cio­nal de la Sociedad Es­­pañola de Ovinotecnia y Ca­pri­no­tec­nia (SEOC), que ayer y hoy se desarrolla en Salamanca, su presidenta, María Jesús Alcalde, ha alertado sobre el «alto riesgo» de que es­tas importaciones puedan servir para volver a propagar la enfermedad de la lengua azul, no sólo a este ganado sino tam­bién al vacuno. La también catedrática de Producción Animal ha anunciado que en breve tras­la­darán tal preo­cu­pación al Ministerio de Agricultura porque considera que, en las actuales condiciones, «no se está de­fen­dien­do suficientemente el estatus sanitario» de nuestro país. Junto a ello, la responsable de SEOC expresó la «situación de desam­pa­ro» generada por la nueva re­gu­lac­ión en materia de certificaciones veterinarias para la ex­por­tación, do­cu­men­to que de­be garantizar frente a países terceros la sanidad de la explotación y cuya cum­plimentación ha generado una gran «incertidumbre y confusión» entre es­tos profesionales.

También participó en el Congreso, el viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, quien invitó a debatir tales cuestiones en una reunión pos­te­rior y prometió me­diar, en su caso, con el Gobierno central al respecto. Cachorro, además, quiso aprovechar la oca­sión para, más allá de re­co­no­cer la com­pl­ca­da situación del ovino de leche regional y frente a la la «imposibilidad de la Administración de intervenir en los precios», reivindicar «contratos de larga duración -neutros o indexados- en los que a veces gane la industria y otros lo haga el ganadero pero que ofrezcan un mayor horizonte de estabilidad al sector».

En el informe que en breve remitirá SEOC al Gobierno sobre la amenaza de ‘lengua azul’ se alerta de la dispar ma­nera de afrontar esta enfermedad mantenida entre España y el pais vecino. En primera instancia, se remarca la re­cu­rrente aparición de focos de esta enfermedad en España durante los meses de otoño (así ocurrió, de hecho en 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2013..).

En agosto de 2015 Francia declaró también padecerla. De ahí, que las autoridades españolas programasen planes preventivos de vacunación al sur de los Pirineos. Tal reacción contrasta con la im­pul­sada por la administración francesa, que no recurre a la inmunización para aquellos animales que se mantengan en áreas restringidas (afectadas). Pese al evi­den­te riesgo, los convenios bilaterales establecidos entre ambos países sí posibilitan los movimientos de animales pro­ce­dentes de zonas galas afectadas.

Para permitir tal cosa, sobre el papel, se exige que el transporte sea efectivamente desinfectado frente al insecto vector que porta esta enfermedad -un mosquito de la familia de los culicoides- en los tres días previos a su traslado a España. advierte en este sentido que sería necesario cumplir con los plazos de seguridad establecidos para evitar la presencia de residuos de este fito­sa­ni­tario en la canal. Es más, el informe de SEOC  cuestiona también el criterio de es­ta­cio­nalidad del vector (la actividad del citado mosquito) en el que se basa el análisis de riesgos de tal acuerdo, ya que estudios más recientes han acreditado que la pervivencia de este insecto y con ello la capacidad de propagar la enfermedad se prolonga durante octubre, noviembre e incluso parte de diciembre.

La amenaza es evidente importante: desde el 21 de agosto de 2015 en Francia se han declarado 2.368 focos, fun­damentalmente concentrados en la zona del Macizo central y el Rayón del Roquefort,  que es también el principal ori­gen de los corderos llegados de Francia. Y tal cosa no ha impedido que los animales galos que se sacrifican en España pasen a ser vacunados antes.

En otro orden de cosas, la presidenta de SEOC quiso también advertir sobre la «incertidumbre» que ha generado entre los veterinarios de explotación la cumplimentación de los nuevos certificados (DVR, ‘Declaración Veterinaria Responsable’) necesarios para la exportación de carne de ovino y caprino. Frente a tal situación y frente a las posibles responsabilidades en las que pudieran incurrir estos profesionales, Alcalde ha reclamado al ministerio que se «protocolice» tal labor y que tales certificados sobre sanidad animal tengan una base analítica y se realicen sobre animales sometidos a un programa de control específico .

En última instancia, y para reforzar la mesa redonda que sobre ‘smart farms’ se ha celebrado acto seguido, la responsable de esta sociedad científica ha defendido la necesidad de que el sector compatibilice «la calidad, el respeto a la historia, la salida comercial hacia canales cortos, la cercanía, la confianza, la buena presentación de los productos y la sostenibilidad medioambiental -que son las principales guías de futuro para el ovino caprino- con la introducción de nuevas tecnologías que mejoren el bienestar de los ganaderos y permitan dar pasos de gigante en rentabilidad y competitividad».