LA UNIÓ de Llauradors solicita al Ministerio de Agricultura que retire la cuota fija de la tarifa que ha impuesto a los regantes alicantinos del Trasvase Tajo-Segura, porque “no les llega ni una gota de agua desde mayo de este año ni existen perspectivas de que llegue pronto”.

Esa cuota fija supone que deban pagar una derrama adicional anual por hectárea de 120 euros por una dotación de agua comprometida pero no consumida. El Ministerio de Agricultura reclama así el pago de la tarifa del trasvase con independencia de que llegue o no el agua del trasvase para regar los cultivos.

LA UNIÓ apoya así las reivindicaciones de la Comunidad General Riegos de Levante que se niega a que los agricultores socios de la misma abonen una cantidad que en total significaría unos 2,5 millones de euros por algo “que no tienen como es el agua del trasvase”. En este sentido anima a los regantes afectados a asistir a la Asamblea Informativa convocada para el próximo sábado en las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA) de Torrellano.

Los bajos niveles de los embalses de cabecera del Tajo de Entrepeñas y Buendía, que regulan la posibilidad legal del trasvase, cierran de momento la puerta a un trasvase y por ello LA UNIÓ considera que si no va a venir agua lo más lógico es que no se pida tampoco dinero.

LA UNIÓ cree que la situación para los regantes alicantinos es realmente angustiosa después de tres años de sequía y si no llueve pronto puede ser ya dramática. La cuenca del Segura se encuentra en situación de emergencia, el agua de la desaladora de Torrevieja se va a destinar a cubrir las necesidades de la Mancomunidad de Canales del Taibilla porque no hay agua para abastecimiento de la población y el agua procedente de los pozos de sequía está prácticamente gastada y la que se pueda obtener es insuficiente

Ernest Blasco, responsable del agua de LA UNIÓ de Llauradors, señala que “desde LA UNIÓ apoyaremos cualquier medida que se tome ante un pago que es totalmente irracional y que representa una carga más para las maltrechas espaldas de los agricultores alicantinos”.

“La postura del Ministerio es kafkiana y sólo puedo obedecer a un afán recaudatorio que espero rectifique. Es como si yo me comprara ahora un coche, pago las cuotas periódicamente, pero resulta que no lo puedo disfrutar”, indica Blasco.

Decisión de la CHS

El acuerdo ayer de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por el cual se cierra el grifo del Segura para los regadíos, durante un mes y medio desde el próximo miércoles, es un duro y nuevo mazazo para los agricultores alicantinos pues se suma al cierre del Tajo. Corta el riego a manta por las acequias y sólo podrán regar los que tengan pozos autorizados y los que dispongan desalación.

Ernest Blasco cree que “ha habido tiempo suficiente para tomar medidas ante esta situación y no se ha hecho prácticamente nada y además nos preocupa que se priorice claramente el uso industrial sobre el agrario, teniendo en cuenta que contraviene la propia Ley de Aguas”.