Fruto de una actuación coordinada entre la PGME y el Departamento de Agricultura de Cataluña (DARP), el pasado 6 de marzo, a raíz de una resolución judicial, se intervino un rebaño de ovejas y cabras de un ganadero de Lliçà d’Amunt. Al hombre, se le investiga por un presunto delito de maltrato animal, contra la salud pública y contra los recursos naturales.

Las actuaciones se remontan tiempo atrás, cuando agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de la Región Policial Metropolitana Norte (en adelante, URMA RPMN) localizaron unas ovejas muertas alrededor de la granja y constataron que los cadáveres no estaban gestionando de manera adecuada.

A pesar de las sanciones administrativas, el propietario continuaba gestionando el rebaño con descuido. Tanto el DARP como el Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt y los Mossos intentaron reconducir la actitud del ganadero y le dieron una pluralidad de alternativas para mantener el ganado en las condiciones adecuadas, pero no lo consiguieron.

Ante esta situación, el DARP decidió tramitar el expediente por vía judicial y denunciar los hechos a la Fiscalía al considerar que se estaba incurriendo en un delito de maltrato animal y otro contra la salud pública. Dada la gravedad de los hechos, el juzgado de instrucción autorizó el decomiso de todo el rebaño y los otros animales domésticos de la explotación.

El 6 de marzo, miembros del DARP conjuntamente con efectivos del Área Central de Medio Ambiente (ACME) y de la URMA de la RPMN ejecutaron el auto judicial y retiraron de la granja un total de 702 animales: 567 ovejas, 80 corderos, 50 cabras, 2 ponis y 3 perros. Los animales fueron examinados uno por uno para veterinarios del Departamento de Agricultura para comprobar su estado de salud. Participaron en el operativo más de 30 efectivos entre policías, agentes rurales, veterinarios y técnicos del DARP.

En el interior de las instalaciones, se localizaron 40 cadáveres de ovejas y cabras en diferentes estados de descomposición que convivían con el resto del rebaño. Aparte, también había un gran número de cadáveres enterrados entre los purines que llegaban a tener una altura de un metro de espesor y cubrían una extensión de 800 m ² de terreno. En el exterior de las instalaciones, se amontonaban unos 200 metros cúbicos de purines donde se mezclaban esqueletos y cuerpos en descomposición.

En general, el rebaño presentaba signos de desnutrición y algunos animales estaban muy delgados. Se detectaron problemas de cojera en un número de animales elevado provocados por la falta de higiene de las instalaciones, así como problemas cutáneos de falta de lana debido a enfermedades parasitarias o carencias alimentarias.

El propietario y su padre fueron detenidos ese mismo 6 de marzo por intentar agredir a los Mossos cuando iban a contactarles con el objetivo de entregarles la auto judicial. Asimismo, se quiere significar la valiosa cooperación de asociaciones animalistas en el seguimiento y la recogida de datos sobre el estado de los animales.