El sábado 8 de junio, entraron en vigor las nuevas normas en defensa de la competencia. Todas las nuevas investigaciones iniciadas en esa fecha o con posterioridad a la misma estarán sujetas a normas antidumping y antisubvenciones modernizadas.
Las modificaciones que han entrado en vigor, destinadas a modernizar los instrumentos de defensa comercial de la UE, permitirán a la Unión Europea imponer derechos más elevados en algunos casos al cambiar la «regla del derecho inferior»; abreviar el período de investigación para acelerar el procedimiento; aumentar la transparencia y la previsibilidad del sistema para las empresas de la UE; y reflejar los altos estándares medioambientales y sociales aplicados en la UE. Ponen fin a una revisión a fondo de los instrumentos de defensa comercial de la UE, incluida una nueva metodología antidumping que se puso en marcha en diciembre del año pasado.
Las nuevas normas abreviarán el actual período de investigación de nueve a siete meses para el establecimiento de medidas provisionales y dotarán al sistema de mayor transparencia. Las empresas se beneficiarán de un sistema de alerta temprana que las informará en caso de que vayan a establecerse derechos provisionales, ayudándolas así a adaptarse a la nueva situación. La Comisión apoyará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de un servicio específico de asistencia técnica para pymes, que hará que les resulte más fácil participar en procedimientos de defensa comercial.
Además, a raíz de los cambios introducidos en la llamada «regla del derecho inferior», la UE podrá imponer, en algunos casos, derechos más elevados. Esto se aplicará a los casos antisubvenciones, así como a los casos antidumping relativos a las importaciones de productos fabricados utilizando materias primas y energía suministradas a un precio artificialmente bajo.
En el marco de sus investigaciones, la Comisión también tendrá en cuenta los costes del cumplimiento de la legislación social y medioambiental de la UE a la hora de calcular los niveles de los derechos que pueda imponer, basándose en el perjuicio económico causado a las empresas. Además, la UE no aceptará, en general, los compromisos de precios de países que tengan un mal historial en lo referente a las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos sobre medio ambiente. Por primera vez, los sindicatos también podrán participar en las investigaciones de defensa comercial.
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