La candidatura alternativa de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas presentó ayer una denuncia contra José Antonio Pérez, actual presidente de la comunidad en las dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Huércal de Almería por la comisión de un posible delito societario.
A primera hora de la mañana, Vicente Serrano, candidato a la presidencia, junto con los miembros que conforman su candidatura y la Asociación en Defensa de la Agricultura de Almería se han personado en las oficinas de la comunidad de regantes para requerir por escrito una serie de documentación, así como consultar el censo de los comuneros que estaba expuesto en el tablón de anuncios de las instalaciones de la comunidad y que ha sido retirado sin ninguna aclaración.
La negativa a dar explicación sobre la retirada del censo y a entregar la documentación manifestada desde la actual presidencia de la comunidad de regantes puede constituir incluso un ilícito penal al privar a un comunero que se presenta a un proceso electoral de su derecho de información.
Según explica Vicente Serrano, los documentos requeridos han sido, una copia del censo de la comunidad, “puesto que al ser candidato a la presidencia tengo derecho a poseer una copia del referido censo, para tener conocimiento de la totalidad de las personas electoras como estipula el artículo 38 de los Estatutos Sociales de la comunidad de regantes Cuatro Vegas”. El pasado 9 de julio ya se le requirió notarialmente el padrón general de comuneros previsto en los artículos 58 y 59 de los Estatutos, en el que se especifique la identificación de los miembros, domicilio, fincas y el número de votos que le corresponde. Esta información fue denegada.
Igualmente se ha solicitado documentación acerca del número de comuneros que han otorgado a día de 13 de julio de 2018, representación a favor de otras personas para comparecer en la Junta General que ha de celebrarse el 24 de julio de 2018, como viene especificado en el artículo 18, con relación al artículo 38 de los Estatutos; y documentación según el capítulo II de los derechos de los comuneros, artículo 9.3 fijado en los Estatutos de la comunidad para examinar los libros de la comunidad con carácter previo a las juntas generales.
Vicente Serrano considera que esta negativa “es una total vulneración de los derechos como comunero y un abuso de poder por parte del actual presidente”.
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