España es el segundo país de la Unión Europea que más se podría beneficiar de una aplicación plena de la Directiva de Servicios, con un crecimiento del 3,6% del PIB y un repunte de la productividad -talón de Aquiles de nuestra economía-, del 9%, según el estudio Making EU trade services work for all elaborado por Copenhagen Economics para varios Estados de la UE. Sin embargo, diez años después de la Ley Omnibus que transpuso la Directiva de Servicios en España, el bloqueo de esta reforma por parte de las comunidades autónomas ha anulado su impacto y perjudicado especialmente a sectores como el comercio.
La Directiva fue impulsada con el objetivo de eliminar el gran número de obstáculos que impiden y frenan el desarrollo de los servicios en el seno de la UE. Desde su transposición en España en 2009, el retail ha vivido una revolución sin precedentes, marcada por la disrupción digital, la transformación del consumo y la emergencia de grandes competidores globales que operan en exclusiva en Internet. Pese a todo, el intervencionismo autonómico está produciendo una fragmentación en 17 mercados, lo que ha situado a España como el segundo país de la UE con más barreras al establecimiento y al ejercicio del comercio, como ha denunciado la Comisión Europea.
Todo ello ha tenido un coste de oportunidad altísimo en términos de inversión, empleo y crecimiento. Por un lado, desde 2009 no se ha avanzado en cuestiones fundamentales como la libertad de establecimiento (apertura de tiendas) y la libertad de ejercicio de la actividad (horarios comerciales, simplificación normativa, entre otros). Incluso, buena parte de las comunidades han seguido legislando en muchas ocasiones en contra de los principios fundamentales de la Directiva. Por citar un ejemplo extremo, las permanentes moratorias a la apertura de tiendas en Mallorca ha costado a los consumidores “una pérdida en el bienestar de 23,8 millones de euros al año”, según datos de la CNMC.
En sus últimas recomendaciones a España del Semestre Europeo, Bruselas insiste en la necesidad de una mayor cooperación entre Administraciones para garantizar la Unidad de Mercado, en especial, en sectores como el del retail. Pero como constatan las reiteradas peticiones de la Comisión, no existe una voluntad política ni corresponsabilidad por parte las CCAA para aplicar de forma efectiva la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que ayudaría a solucionar parte del problema. Por otro lado, existe una ausencia de colaboración judicial en esta materia, por un desconocimiento de los principios básicos de la libertad de establecimiento y de los de proporcionalidad.
Como recordaba Christian Verschueren, director general de Eurocommerce, la semana pasada en una Conferencia de Alto Nivel sobre Retail organizada por la Comisión Europea, “el comercio necesita una regulación adecuada para la era digital y un fin a la discriminación contra las empresas europeas en Europa”.
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