ASAJA pide la permanencia de los consultorios médicos locales

La organización agraria ASAJA de Castilla y León le exige al Gobierno de la Junta que considere los consultorios médicos en los pueblos como un elemento fundamental del sistema público de salud y que garantice la permanencia de todos ellos para los próximos años. El debate que se pretende generar al respecto de esta figura, por parte del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, esconde la voluntad de un cierre progresivo de los mismos, castigando de esa manera el territorio rural despoblado y envejecido.

Para la organización agraria ASAJA lo que corresponde hacer con los consultorios locales es mejorar el servicio que se presta: cubrir las plazas con médicos titulares y técnicos sanitarios y no rotar permanentemente con facultativos contratados, disponer de sustitutos para atender las posibles eventualidades del titular, y dotarlos de medios básicos y en particular de acceso a las fichas médicas con internet de alta velocidad. Los locales en los que se presta el servicio reúnen, por lo general, buenas condiciones, gracias a que las entidades locales se encargan de su adecentamiento, de la limpieza periódica, y de gastos corrientes como luz y agua.

ASAJA de Castilla y León recuerda al Gobierno de la Junta que la mayoría de los pacientes que llegan a los consultorios locales de los miles de pueblos de Castilla y León son personas mayores que no disponen de vehículos propios ni edad para conducir, y que el transporte público es un servicio muy deficiente, por lo que el desplazamiento a los centros de salud, ubicados en las comarcas, para consultas ordinarias, no es una opción posible.

ASAJA, que representa intereses profesionales de agricultores y ganaderos, está especialmente sensibilizada con los problemas del medio rural y es interlocutora en esta materia, ya que los agricultores y sus familias viven mayoritariamente en los pueblos. La organización agraria reclama servicios públicos de calidad para luchar contra la “España vaciada”, entre ellos en materia de sanidad, de transporte público, de nuevas tecnologías de la comunicación, de educación y cultura, o de asistencia social -en particular a la tercera edad-.