La publicación del Decreto-ley sobre simplificación de cargas administrativas en Castilla y León ha sido acogida como una buena noticia para todos los ganaderos, tanto de cara a una nueva instalación o la ampliación de las existentes, así como también por los profesionales de pequeñas industrias de transformación agroalimentaria. El objetivo de la nueva norma es la reducción de cargas administrativas y disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente.

Cualquier explotación de cierto tamaño (más de 2.000 cerdos de cebo, más de 750 cerdas madres, o en avicultura 40.000 aves, idéntico umbral al de otros países europeos, como Francia) que quiera instalarse, tiene que atenerse a lo establecido en el Decreto 4/2018 de 12 de febrero, que marca la obligación imprescindible de contar con autorización ambiental previa, cuya obtención supone un proceso muy riguroso y garantista que de hecho muchas veces obliga a retirar el proyecto.

El Decreto-Ley aprobado no tiene nada que ver con las macrogranjas, recuerdan desde ASAJA Castilla y León, sino exclusivamente con la ganadería extensiva y la intensiva de pequeño tamaño, que no requieren en ningún caso autorización ambiental, proyectos que, en vez de ir por la vía de la licencia ambiental, más larga y exhaustiva, podrán ponerse en marcha mediante comunicación ambiental al ayuntamiento en el que se ubiquen.

En 2018, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León pretendió flexibilizar el procedimiento administrativo respecto de los controles medioambientales exigibles previos a dichas actividades, pero buena parte de la iniciativa fue invalidada por los tribunales, recuerdan desde COAG Castilla y León. El Decreto-ley recién aprobado corrige aquella situación.

ASAJA Castilla y León se muestra “sorprendida por las críticas demagógicas que ha levantado esta iniciativa, poco menos que tildándola de una herramienta para dar vía libre a las llamadas “macrogranjas”. “Parece que algunos, en lugar de analizar los datos, prefieren echar a los pies de los caballos a los ganaderos”, lamenta Donaciano Dujo, presidente de ASAJA CyL, que espera que la clase política sea coherente y promueva medidas que faciliten la actividad ganadera.

COAG Cy L recalca que la flexibilidad introducida por el Decreto no menoscaba la salvaguarda del medioambiente. La nueva norma solo simplifica y reduce determinadas obligaciones que requieren un esfuerzo significativo en la tramitación de los expedientes. Además, reitera que están a favor, de que por normativa, se limite la capacidad máxima de las instalaciones ganaderas en todos los sectores, al igual que ahora sucede con el porcino.