Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se hace eco del informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), publicado el pasado 20 de octubre sobre la aplicación la futura normativa de comercialización del sector del aceite de oliva, en el que recomienda justificar rigurosamente las intervenciones en el sector para no afectar a la libre competencia, evaluando detenidamente los parámetros y los elementos de mercado.
Unión de Uniones, que se ha opuesto repetidamente y de manera absoluta al Real Decreto desde su esbozo y que envió enmiendas durante todo su proceso de elaboración, concuerda con la CNMC.
Esta futura normativa contempla una serie de mecanismos para regular el mercado del aceite de oliva como la retirada de producto, la cosecha temprana o la regulación del rendimiento de extracción, desencadenándose a petición, entre otros, de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español.
La organización considera que no pueden implementarse las medidas de mercado contempladas sin diagnósticos más completos y fehacientes, una evaluación posterior de los resultados y un mecanismo mucho más definido en cuanto a las situaciones que pueden actuar como desencadenantes.
Ya hay antecedentes del mal funcionamiento de este tipo de medidas sin análisis previo
Unión de Uniones recuerda también los desastrosos resultados que tuvo la retirada de aceite que llevó a cabo la Comisión Europea entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, cuando se financió durante seis meses la retirada de 196.000 toneladas de aceite del mercado español (un 14% de una cosecha media) y que tuvo un coste total de 27,4 millones de euros.
Este instrumento no solo no consiguió mantener los precios (cayeron un 9%), si no que se incrementaron las importaciones de aceite de terceros países un 164%.
Unión de Uniones solicita al Ministerio que recapacite y finalmente no apruebe el Real Decreto, ya que supondría un perjuicio serio para un sector ya azotado por una crisis de precios devastadora, que al comienzo de esta campaña ya son bajos, y que compromete a los sistemas productivos tradicionales, bases de la economía rural de muchas regiones agrarias de España.
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