La organización agraria COAG Castilla y León ha emitido un comunicado en el que recuerda que hasta hace un par de años, Azucarera Iberia S.L. negociaba Acuerdos Marco Interprofesionales (AMI) con los representantes de los remolacheros, los cultivadores conocían con detalle sus posibilidades de contratación y libremente decidían si sembrar o no. Ahora, cuando hace un mes que se inició la época de esta labor, Azucarera aún no ha hecho públicas sus condiciones “definitivas” de contratación.

Incluso en la zona de Miranda, más avanzada en información por parte de la industria en este sentido, aún siguen produciéndose cambios en sus ofertas, forzando la competitividad al máximo entre cultivadores y favoreciendo en sus ofertas de contratación a unos frente a otros, señalan desde COAG

La organización ha analizado el contrato de Azucarera y ha enumerado los aspectos, que en su opinión, afectan negativamente a los remolacheros, que a continuación se detallan:

• Deja en el limbo a los numerosos agricultores que ya en 2020 pactaron contractualmente con un año de antelación las condiciones de la actual campaña 2021/22 de siembra al haber modificado unilateralmente, entre otras, la forma de pago y las normas de recepción.

• Incluye en las actuales ofertas de contratación cláusulas que en nuestra opinión van en contra de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, como ya ha denunciado COAG por diferentes motivos.

• Minora la rentabilidad de la inmensa mayoría de los cultivadores al bajar unilateralmente, y una vez más, el precio de la remolacha de más de 16 grados de riqueza al pasar a pagar por tonelada tipo en vez de hacerlo por tonelada líquida como se hacía hasta ahora.

• Fuerza a entregar la remolacha sin descoronar y adjudica automáticamente un 4,5% de descuento, quiera o no el agricultor; medida que perjudica económicamente a la inmensa mayoría de cultivadores. Incluso en La Bañeza, donde por circunstancias especiales ya está implantado este sistema, debería procederse a su revisión por obsoleto.

• No da la opción a que el agricultor pueda retirar su pulpa ni tampoco le abona esta como concepto diferenciado del resto del precio de la remolacha (posibilidades que contempla el Reglamento (UE) 1308/2013).

• Contraviniendo lo estipulado en el Reglamento (UE) 1308/2013 oferta hacerse cargo en 2021 de los costes del peritaje de la recepción de la remolacha pese a que la normativa obliga a que sean sufragados por los cultivadores. Coag se teme que estos costes y los homónimos de 2020, les sean reclamados a los agricultores, acaso con intereses de demora, dentro de unos años.

• La industria valora en más de 25 €/ha el ahorro que le supone al remolachero no tener que pagar cuota técnica destinada a sufragar la supervisión de las organizaciones agrarias pero muy sospechosamente se calla lo que le costará cada año al remolachero pagar los costes del peritaje mencionado y que ha impuesto unilateralmente como medida alternativa a la anterior.

• Sin presencia de los vigilantes pagados por las organizaciones agrarias ¿quién va a velar para evitar que no se disparen los descuentos o se hunda la riqueza polarimétrica? Y ¿quién va a atender las reclamaciones de los remolacheros descontentos con los resultados de sus analíticas? Estos ya no podrán contar con la experiencia ni conocimientos de los vigilantes de las OPAs.

• Ofrece la posibilidad de acogerse a descuentos fijos a algunos cultivadores aún a sabiendas de que la falta de concordancia entre la cantidad de remolacha verdaderamente molturada en fábrica y la verdaderamente pagada al remolachero producirá desajustes en los balances de azúcar, y todo esto con más que posibles efectos perniciosos que finalmente repercutirán en todos los agricultores, incluso los acogidos a esta medida.

• Adjudica un 4,5% de descuento fijo quiera o no el agricultor descoronar la remolacha, e intencionadamente oculta que entregar remolacha sin descoronar supone un aumento de cómo mínimo un 3% en el descuento por mayor adherencia de tierras y presencia de restos de hojas que la remolacha descoronada no llevaría. Y el remolachero tendrá que pagar de su bolsillo el porte de este descuento aunque no le guste este sistema.

• Queda desamparado el remolachero ante cierres de fábricas, porque Azucarera podrá dejar de recibir remolacha, aunque ya esté arrancada, por razones de eficiencia o fuerza mayor que no se definen, con lo que puede ver cómo su remolacha por decisión arbitraria de la industria se deteriora, sin compensación, hasta que pueda reanudar sus entregas.

• Ante determinadas situaciones Azucarera unilateralmente podrá asignar descuentos a tanto alzado, rechazar entregas de vehículos (alegando por ejemplo circunstancias como raíces heladas), etc., minando la rentabilidad del cultivador.

• El remolachero, a diferencia con las posibilidades que le ofrecían los AMI anteriores, ya no dispondrá de un colchón garantizado para poder entregar sus involuntarios aumentos de rendimiento por encima de lo contratado.

• Azucarera, haciendo de “juez y parte”, decide las indemnizaciones que debe pagar el remolachero ante traslados de remolacha a la competencia.

• Al contrario de lo que exigen las OPAs, Azucarera recaudará la cuota de AIMCRA (0,11 €/t) como parte de las liquidaciones adjuntas a los contratos, y ello pese a que en ausencia de AMI las organizaciones agrarias consideran que debe estar desvinculada de dichos contratos.

• Azucarera ha sacado unas nuevas normas de recepción de remolacha y analítica en laboratorio que no ha consensuado con nadie, y que están casi en su totalidad al margen del reglamento estatal legal de recepción de 1980 aún en vigor, que se salta a la torera. Esta industria boicotea la posibilidad de que la supervisión de la recepción se lleve a cabo por las organizaciones agrarias, como venía haciéndose desde hace más de 4 décadas, negándose a recaudar la cuota técnica destinada a sufragar los gastos de esta supervisión. Y ha sido Azucarera quien ha designado la empresa de peritaje sin contar ni con los remolacheros ni mucho menos con las organizaciones agrarias.

COAG denuncia en su comunicado, que la industria no ha tenido reparo de contravenir e incumplir todo aquello que no le favorece, como por ejemplo, la constitución de mesas de seguimiento o la obligatoriedad de que la supervisión del laboratorio se lleve a cabo por las organizaciones agrarias entre otras múltiples cuestiones que van a gravitar decisivamente sobre la rentabilidad de las explotaciones. Pero lo más desconcertante de todo es que ha sido la consejería de agricultura de Castilla y León la que ha autorizado a Azucarera este sistema de supervisión, inexplicablemente sin consultar a las organizaciones agrarias, quizá por ser conocedora de su rechazo y el rechazo generalizado de los remolacheros al mismo, autorización que las OPAs ya han recurrido administrativamente, según se recuerda en el comunicado.

No entiende cómo se ha podido autorizar un sistema que pone en manos de una única persona la vigilancia, al mismo tiempo y ocasional, de las básculas de pesaje de los vehículos, el rupraje, el pesaje de las muestras, el sistema de lavado de estas, la cadena de evaluación de impurezas, la raspa de toma de muestras, el laboratorio de analítica de polarizaciones, etc. 

COAG muestra su perplejidad, ante la pasividad cuando no parabién de las Administraciones, estatal y autonómica, ante todas y cada una de las situaciones referidas y recomiendan a los agricultores que sopesen concienzudamente tanto las ofertas de contratación como las nuevas normas de recepción vinculadas a ellas, y muy especialmente su “letra pequeña”.