El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sufragar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), a titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero y acuícola y de industrias agroalimentarias, necesarios para la obtención de préstamos de entidades.
El objetivo de estas subvenciones es facilitar el acceso a la financiación para los sectores agroalimentarios y pesqueros afectados en los últimos años por situaciones de diversa índole, como sequías u otros fenómenos climáticos adversos, así como por situaciones desfavorables de mercado, derivadas principalmente de la pandemia de la COVID-19.
Estas subvenciones darán apoyo especialmente a jóvenes del sector agrario y pesquero, asegurados, miembros de organizaciones de productores, y a aquellas explotaciones situadas en zonas declaradas zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como la borrasca Filomena.
Las ayudas para financiar los costes de estos avales serán convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en función de las disponibilidades presupuestarias, y se concederán en régimen de concesión directa, por riguroso orden de presentación de las solicitudes. La convocatoria de 2021 prevé un gasto de 3,2 millones de euros, con un importe máximo de crédito avalado estimado en torno 65 millones de euros.
El MAPA subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 75.000 euros por titular de explotación, operador económico, armador o propietario, o por componente de entidad asociativa, cuyo plazo no supere los seis años, pudiéndose incluir en este tiempo un año de carencia. Asimismo, se subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 120.000 euros por PYME agroalimentario, cuyo plazo no supere los seis años, con la posibilidad de un año de carencia.
Con este Real Decreto de Bases se dota de la suficiente agilidad para que el sector pueda disponer de acceso al crédito ante cualquier eventualidad que perturbe la dinámica empresarial de los operadores del sector, bien sea climatológica o de mercado, convirtiéndose por tanto en una herramienta más de gestión del riesgo, en línea con las necesidades identificadas en el Plan Estratégico de la PAC o con la Política Pesquera Comunitaria.
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