Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el fin de hacerla más eficaz, tras varios años de funcionamiento. La modificación también ha servido para transponer la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agroalimentario.

Con la modificación aprobada se ha conseguido:

• La prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal.

• Los contratos agroalimentarios deben, cuando menos, cubrir el coste efectivo de producción. Se incluye una referencia expresa a que en todo caso, el precio que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al total de costes asumidos por el productor.

• Introducción de una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se incluye la mano de obra familiar. Los contratos agroalimentarios deben, cuando menos, cubrir este coste.

• En los contratos de compraventa se podrán referenciar los precios a determinados índices que incluyan los costes de producción.

• Se endurecen las sanciones y se permite que se hagan públicas.

• Se reconoce a las asociaciones y organizaciones representativas de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intereses legítimos colectivos, por lo que estarán legitimadas para denunciar e intervenir en los procedimientos sancionadores.

• La creación de un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores,

• La inclusión en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley)

• Mejora parcial de la figura del mediador

• Potenciación del Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción.

• Se ha incluido la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.

• Las prohibiciones y sanciones resultan aplicables a las relaciones comerciales de operadores españoles con los de otros países (UE y no UE).

Para el Ministro de Agricultura, Luis Planas, «esta ley es probablemente más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura y con ella el Gobierno da respuesta a la primera reivindicación planteada por las organizaciones profesionales agrarias».

Reacciones:

COAG

COAG considera que se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos al conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario. No obstante, sostiene que se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso.

También se deben llevar a cabo campañas de información y explicación del alcance de las reformas introducidas, así como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de de contratos alimentarios. El Observatorio de la Cadena estatal y las comunidades autónomas deben implicarse en la realización de estudios de cadena en los distintos sectores y realizar los informes y estudios de cadena recogidos en la ley, así como identificar los índices de precios y costes medios de producción y su evolución.

Asimismo, reclama la puesta en marcha de un Observatorio de Insumos que permita arrojar luz, transparencia y facilitar la toma de decisiones en mercados oligopolísiticos como el de fertilizantes o energía, así como un Observatorio de Importaciones, para facilitar el control efectivo de las entradas masivas de producto de terceros países, que inundan y revientan nuestros mercados con movimientos desleales que sólo benefician a especuladores e intermediarios.

ENBA

ENBA considera que el Gobierno Central debe pasar del pasotismo al activismo y en consecuencia, impulsar que sus organismos, especialmente, la Agencia AICA, actúe de motu propio ante los flagrantes casos de venta a pérdidas que se dan diariamente en los puntos de venta.

Igualmente, ENBA señala que es imprescindible que el Gobierno Central abandone el pasotismo hasta ahora mostrado, deje de ser un mero espectador de la guerra que se desarrolla en el seno de la Cadena Alimentaria y asuma un papel proactivo para reequilibrar la cadena, acabar con los abusos de poder que se dan en su seno y para ello es necesario que se fijen, cuanto antes, las referencias para los costes de producción y de venta al público siguiendo la estela del estado francés.

ENBA espera que además de una pronta aprobación de los refentes de costes para el conjunto del Estado, creen que deben impulsarse los referentes de costes autonómicos o menores para que las referencias sean lo más ajustadas a la realidad productiva.

UPA

Para UPA, la clave estará ahora en la labor de vigilancia, control y aplicación de la Ley. Y señalan al sector lácteo como uno de los más críticos en este momento por lo que piden, de inmediato, una campaña de control en las industrias lácteas para comprobar que cumplan con el pago de los costes de producción de los ganaderos y verificar que el incremento de precios al consumidor se ha trasladado a los productores.

UPA ha pedido poner en marcha una campaña de explicación de la nueva Ley, con una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena alimentaria. También ha solicitado que el Observatorio de la Cadena realice los informes y estudios a los que la nueva Ley le obliga y que identifique los costes medios de producción y su evolución de los principales sectores productivos.

Unió de Pagesos

Unión de Pagesos lamenta que la ley deje fuera de su ámbito de aplicación a la hostelería, restauración y servicios de alojamiento, los contratos cooperativos y con otras entidades asociativas agrarias, los contratos mercantiles de depósito y los contratos de valor inferior a 1.000 euros. Además, la ley no prevé la publicación de todos los procedimientos sancionadores, ni de las sanciones leves impuesta. UP también denuncia que la Ley va a permitir que los contratos celebrados a partir del 1 de noviembre de este año y hasta la entrada en vigor de esta modificación legislativa puedan pervivir sin ajustarse a la Directiva de prácticas desleales hasta el 30 de abril de 2022.

La organización lamenta que los discursos de los grupos parlamentarios de mayor representación en el Congreso y en el Senado vayan en un sentido y los trabajos parlamentarios vayan por otro.