La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado el informe sobre el anteproyecto de ley (APL) que establece las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC). Esta normativa presenta una naturaleza esencialmente sancionadora, estableciendo el régimen jurídico necesario para la aplicación en España de la nueva PAC, aplicable al periodo 2023-2027.

La CNMC valora positivamente el hecho de que la nueva PAC incluya una mayor orientación al mercado y comparte plenamente el mandato de que las intervenciones de los Estados miembros en los mercados se establezcan según criterios objetivos y no discriminatorios, sean compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior y no distorsionen la competencia.

Competencia también valora positivamente la introducción del Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, denominado SIEX.  Este sistema simplificará la presentación de las solicitudes de la PAC de agricultores y ganaderos a través de un sistema electrónico y gratuito y reducirá las cargas administrativas. No obstante ha formulado una serie de recomendaciones:

• Implementación del sistema SIEX. Recomienda que se extremen las cautelas tanto en el acceso a la información por parte de terceros como, en su caso, en la difusión y publicación de la misma, la cual debería realizarse de forma agregada. Recuerda, también, la obligación de que se comunique a la CNMC cualquier indicio de una posible práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia, que pudiera detectarse en el ámbito de aplicación del APL.
   
• Requisitos para el asesoramiento de aspectos agrícolas. El APL tipifica como infracción prestar servicios de asesoramiento en distintos aspectos agrícolas sin poseer los requisitos exigidos. Si bien el APL no regula tales requisitos, se recuerda que, de acuerdo con los principios de buena regulación económica (necesidad y proporcionalidad), estos deben basarse en los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio concreto de la actividad y no exclusivamente en las titulaciones habilitantes, con el objeto de permitir que todos los profesionales capacitados puedan prestarla.