Históricamente, a los bienes de las comunidades de regantes no se les ha aplicado el IBI, puesto que se han considerado en el Catastro como bienes de uso común, similares a los bienes de dominio público, dado que ambos están sujetos a una concesión. Las comunidades de regantes son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, que gestionan el regadío, que es un servicio público, a través de una concesión de caudales que discurren por unos bienes e instalaciones que necesitan concesión.

A partir de la crisis del 2008 y con la bajada de ingresos de los ayuntamientos, se han radicalizado las políticas fiscales y se ha empezado a aplicar el IBI sobre estos bienes de las comunidades de regantes con unas valoraciones muy elevadas, que en muchos casos suponen unas cuotas a pagar inalcanzables por parte de muchas de las comunidades.

Aun así, desde la Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) consideramos que se produce una doble imposición por el hecho de que, por un lado, tributan las fincas de regadío con un valor a efectos del IBI que duplica el valor respecto del secano, con el incremento de recaudación que esto comporta. Por otro lado, tributan también los bienes y las instalaciones de las comunidades de regantes sin las cuales no es posible hacer efectivo el regadío.

ACATCOR ya hace años que inició conversaciones con varias fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de pedir la modificación del Real decreto ley 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a fin y efecto de añadir una mención al final de párrafo del punto 3 del artículo 73 “Bonificaciones Obligatorias” que diga “así como las de las comunidades de regantes”.

Esta modificación fue objeto de debate y aprobación por mayoría en la Mesa de la Comisión de Agricultura del Congreso de Diputados, después de ser presentada por el grupo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, a través de una Proposición No de Ley al Pleno del Congreso en fecha 12 de julio de 2019. Desgraciadamente, por ahora estamos donde estábamos, y las comunidades de regantes siguen pagando por unos bienes y unas instalaciones que son de dominio público, y que además, y en la mayoría de los casos, dan servicio a los mismos ayuntamientos.

Por eso, desde ACATCOR queremos apelar a los ayuntamientos, para que la bonificación de hasta el 95% del IBI que hasta ahora es facultativa, pase a ser obligatoria y que, por lo tanto, la incluyan dentro de sus Ordenanzas fiscales. En paralelo, desde la asociación seguiremos trabajando para conseguir el reconocimiento necesario para incluir las comunidades de regantes en el mismo estatus que actualmente tienen las Cooperativas en esta bonificación obligatoria del IBI.

Ramon Lluís Lletjós i Castells, gerente de ACATCOR (Associació Catalana de Comunitats de Regants), en representación de la Junta Directiva de la asociación